Si el tribunal que debe juzgar a tres militares por los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico militar buscaba algún pretexto para no cumplir su trabajo, lo encontró. El jueves los jueces Nelson Jarazo, Alejandro Esmoris y Jorge Michelli decidieron suspender el juicio de la causa Base Naval 1 que debía comenzar el próximo lunes a las 10hs.
El motivo de la suspensión fue una presentación realizada el jueves pasado por la Fiscalía, en la que se solicitaba que se tenga en cuenta que muchos de los testigos que deben declarar en esta causa, la 2286, también deben hacerlo en la causa 2333 (Base Naval 2) en la cual se tratan otros delitos cometidos por los mismos imputados y en el mismo centro clandestino de detención. De esta manera la Fiscalía intentaba evitar que los testigos tengan que declarar dos veces ante el mismo tribunal.
Por otro lado, la Fiscalía solicitó que a medida que se desarrollara el debate de la causa Base Naval 1 se pudiera ofrecer la prueba de la causa Base Naval 2 y en algún momento acumular ambas causas y poder así juzgar todo en un solo juicio.
Una fuente extraoficial informó que el pedido no contemplaba la posibilidad de suspender el juicio, sino todo lo contrario, realizó el pedido por escrito para que pueda ser tratado en la primera audiencia del debate que debía comenzar el próximo lunes en el Tribunal Oral Federal 1 de esta ciudad.
Ante la decisión de los jueces, ayer a las 14, la Fiscalía presentó un nuevo escrito en el cual solicitó se deje sin efecto el planteo y de esta manera poder comenzar el juicio como estaba previsto.
Por su parte, una de las querellas representada por el abogados Cesar Sivo presentaron ayer a última hora un escrito solicitando que comience el juicio según la fecha fijada y se tenga en cuenta la posibilidad de acumular la causa 2333, tal cual lo expresado por la Fiscalía.
“Después de 34 años buscando justicia, se hace intolerable una innecesaria postergación del inicio de un debate que ya tenía fecha establecida, que las víctimas se estaban preparando emocionalmente para enfrentar el mismo y que todas las partes habíamos acomodado nuestras agendas en función del calendario que se había establecido. No hay razón valedera alguna que justifique tal demora. El juicio puede iniciarse y las causas pueden acumularse sin ningún tipo de problemas para nadie y sin que se vulnere ningún derecho constitucionalmente protegido”, reza uno de los puntos del escrito.
La querella le recordó a los jueces que los hechos que se analizan ocurrieron hace más de 30 años y que el paso del tiempo provoca un deterioro en el recuerdo de cada uno de los testigos como así también un desmejoramiento de las condiciones físicas y psíquicas. Por último, en el escrito se aclara que los años también influyen en las condiciones personales de los imputados. Ejemplo de ello son el ex coronel Pedro Alberto Barda y el marino Juan Carlos Malugani que no serán juzgados por padecer una enfermedad mental degenerativa. Sivo insto a que el tribunal tenga en cuenta esta cuestión para que no se convierta en una posibilidad de otorgar impunidad.
El próximo lunes debían comenzar a ser juzgados tres de los cinco militares imputados por crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en la Base Naval local durante la última dictadura cívico militar. Los dos restantes padecen una enfermedad mental degenerativa.
Debían ser juzgados los responsables de privación ilegal de la libertad doblemente agravada por mediar violencia y amenazas e imposición de tormentos agravada por haberse cometido en perjuicio de perseguidos políticos en nueve casos. Además se iba a juzgar a los responsables de siete homicidios calificados por el concurso de dos o más personas.
En la causa figuran cinco imputados –dos miembros del Ejército y tres de la Armada. Se trata del ex general de brigada Alfredo Manuel Arrillaga, del ex capitán de navío Justo Ignacio Ortiz y del contralmirante Roberto Luis Pertusio. El ex coronel Pedro Alberto Barda y el marino Juan Carlos Malugani no serán juzgados. Ambos están afectados por una enfermedad mental degenerativa.
Militares y marinos están imputados por los secuestros, torturas y, en algunos casos, homicidios perpetrados contra Liliana Retegui, Patricia Lazzeri, Liliana Iorio, Omar Tristán Roldán, Delia Elena Garaguso, Juan Raúl Bourg, Alicia Rodríguez de Bourg, y las sobrevivientes Nancy Carricabur y Stella Maris Nicuez.
El tribunal está conformado por los jueces platenses Nelson Jarazo, Alejandro Esmoris y Jorge Michelli. El Ministerio Público es representado por el fiscal federal general Daniel Adler y como querellantes figuran los abogados Gloria León, Cesar Sivo.
Un pedido de suspensión
El abogado Carlos Horacio Meira, defensor del ex general de brigada Alfredo Arrillaga, solicitó al tribunal la suspensión del juicio. El motivo de lapresentación fue la acumulación de las causas Base Naval 1 y 2 en las cualessu cliente aparece imputado.
Al igual que en otros casos, si puede entenderse que la defensa de cualquier imputado en crímenes de lesa humanidad busque dilatar el juicio para evitar la condena de su cliente. En ese sentido realizarán todas aquellas presentaciones que sean necesarias para tal empresa.
Muchas veces los jueces atienden estos requerimientos y la dilatación temporal encuentra a los imputados con enfermedades terminales que impiden su juzgamiento. Otras tantas, la llegada de la muerte les garantiza una vida de total impunidad. Si no es una ni la otra, siempre queda la posibilidad de un cambio en el mapa político que los vuelva a beneficiar y sea desterrada esta fea costumbre de querer hacer justicia.
Por Federico Desantoló
Alejandro Esmoris es un terrorista de de derecha con la patente de juez , una lacra humana al servicio del terrorismo de estado
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