proximas audiencias lunes 18 a las 11hs y martes 19.

Audiencia 12º, dia 12 de octubre.
Historias distintas de un mismo lugar

Dos de los tres testigos que declararon ayer en una nueva audiencia por el juicio que se les sigue a tres militares por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico, contaron su vivencias en la Base Naval local: uno realizó la conscripción en esa repartición militar, el otro fue detenido desaparecido en el centro clandestino (CCD) de detención que allí funcionaba.
Pablo Lerner, psicólogo de 61 años, contó que fue torturado y que esa tortura le dejó una parálisis en uno de sus brazos que le duró cien días. Miguel Ángel Mittidieri, abogado de 60 años, dijo que vio a personas en paños menores y con las manos atadas debajo de un pino en la Base Naval, la noche del 24 de marzo de 1976. Los llamó “demorados”.
Lerner viajó desde Buenos Aires para declarar ayer en el juicio oral y publico por la causa “Base Naval 1”. Desde que en 1978 fue liberado de la Unidad Penal 9 de La Plata, último destino de su periplo como preso político, vive en esa ciudad donde terminó sus estudios y ejerce su profesión de psicólogo.

A principios de 1974 Pablo Lerner tenía 24 años y decidió dar por finalizada su militancia en la Juventud Peronista (JP) por diferencias insalvables con la organización. Un año más tarde, a mediados de 1975 fue detenido por agentes de la Policía Federal. En la seccional ubicada a pocos metros de la ex Terminal, mantuvo una charla con un oficial que dijo ser abogado y que quería saber en qué andaba Lerner. Incluso le contó que él también era peronista y le contó sus desacuerdos con lo que pasaba en el país. Luego fue liberado.
Nunca más tuvo noticias de aquel policía y de su detención hasta el 28 de mayo de 1976. Esa madrugada, un grupo de militares llegaron en dos camiones hasta su casa ubicada en Maipú al 3400. Cuando salió a la puerta le ataron las manos, lo encapucharon y lo subieron a uno de los camiones. Su madre preguntó a uno de los secuestradores a donde llevaban a su hijo. Le contestaron que a la Base Naval y que si estaba implicado en algo lo alojarían en una cárcel.
Lerner pasó los primeros 15 días de su detención en el polígono de tiro de la Base Naval. Allí estaba solo y en ciertas ocasiones los carceleros le dejaban quitarse la capucha. Fueron algunos conscriptos que tenían que cuidarlo, quienes le dijeron que estaba en la Base Naval. Otros le contaron que habían tenido que ir a Miramar a realizar operativos de secuestro y que habían visto violar a mujeres.
El sexto día de detención, Lerner fue sacado de su lugar de encierro y fue llevado para ser interrogado. Había un interrogador “bueno” con el que hablaba de política, le convidaba cigarrillos y le advertía acerca del interrogador “malo”.
El “malo” lo subió a un auto y le hizo dar unas vueltas para despistarlo. Lerner aseguró ayer que se dio cuenta que el vehículo nunca salió de la Base Naval. Fue sometido a una sesión de tortura con picana eléctrica. Le preguntaron por su actividad política; dónde estaban la imprenta y las armas y si había matado al coronel Reyes. En un momento Lerner pensó que se estaban burlando de él y les dijo que si que había matado al ex jefe del GADA 601. Contó que había varias personas en la sesión de torturas y que una de ellas era un médico porque sintió un estetoscopio en el pecho. La tortura le dejo una parálisis en el brazo derecho que le duró cerca de 100 días.
Después de los primeros quince días de secuestrado, Lerner fue alojado en el sector de calabozos donde había otros detenidos. Recordó a tres detenidos que luego fueron trasladados a la UP 9 con él. Recordó a Luna, Álvarez, Pablovsky, Musmeci y Celentano. Allí, en una oportunidad recibió la visita de un capellán de apellido Sosa, que lo escuchó de muy mala gana. Lo único que le dijo es que se encomendar a la Virgen.
Un médico atendió el brazo de Lerner, le contó que estaba muy mal con todo lo que pasaba. Criticó a los torturados y le contó que una vez lo obligaron a revivir a un detenido para poder seguir torturándolo. El testigo siempre desconfiaba de esas versiones. El mismo hombre le dijo que lo iban a trasladar a una cárcel junto con sus compañeros de cautiverio y que iba a estar dos años preso. Finalmente el pronóstico del médico se cumplió.
Otro oficial que cuidaba de los detenidos, le contó que ellos, los “oficiales asimilados a la marina” cuidaban a los perejiles y que los “oficiales comando” vigilaban a los “gatilleros” –militantes vinculados a organizaciones armadas- que estaban en el edificio de buzos tácticos.
Lerner mostró ante el tribunal un documento que le firmó el oficial David Guyot, abogado de la Base Naval. El testigo contó que por su secuestro había quedado cesante de sus funciones como empleado municipal y que su madre se acercó a la Base Naval para saber si alguien podía firmarle un documento para que pudiera cobrar el sueldo de su hijo. Guyot firmó sin saber tal vez que 34 años después, ese documento sería la prueba de que Lerner estuvo detenido en la Base Naval.
En septiembre, el testigo y sus compañeros de cautiverio fueron llevados hasta el GADA 601. De allí fueron trasladados a la Base Aérea y por último, a bordo de un avión Hércules, llegaron a La Plata. Hasta mediados del 78 estuvo detenido a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Luego su liberación, Lerner se fue de la ciudad.

El conscripto

Antes de empezar su declaración, Miguel Ángel Mittidieri le dijo al tribunal que conocía a uno de los imputados. El capitán de navío Justo Ignacio Ortiz, había sido el subjefe de la Base Naval local mientras el testigo realizó el servicio militar. El actual abogado de 60 años cumplía funciones en la división comunicaciones como operador de radio y teletipo cuando le tocó hacer la colimba en la Base Naval, desde mediados de 1975 hasta mayo del 76. Su oficina estaba en el cuarto pido del edificio principal de la Base Naval. Como estudiante de Derecho, su horario dentro de la repartición militar era desde las 6.30 hasta las 12.30. Luego concurría a la Universidad Católica para cursar. Así fue hasta que finalmente se recibió.
El 24 de marzo de 1976, Mittidieri tuvo que dormir en la base porque se había ordenado el acuartelamiento. Por más de una semana no pudo regresar a su casa. Esa noche recordó que había un gran movimiento de hombres armados y que muchos de sus compañeros habían sido llevados a localidades vecinas y reemplazados por infantes de marina de otras reparticiones.
Al día siguiente, la mañana del 25, el testigo contó que vio debajo de un gran pino a muchas personas, todos hombres que estaban en paños menores o ropa de cama y con las manos atadas. Recordó que uno de sus superiores lo llamó en ese momento para que acompañara a una de esas personas a caminar porque estaba acalambrado. El hombre estaba con una capucha en la cabeza y le preguntó a Mittidieri dónde estaba. El colimba recordó en ese momento que tenía prohibido hablar con los detenidos porque sus superiores le dijeron que no lo hiciera por cuestiones de seguridad. Nunca le contestó.
En otro pasaje de su declaración dijo que esas personas eran “demorados” y que nunca había recibido instrucción por parte de sus superiores de cómo comportarse con los prisioneros.
Mittidieri no supo decir con seguridad si el subjefe de la Base Naval, Justo Ortiz estaba al tanto de las personas detenidas abajo del pino. Pero supuso que nadie podía ser ajeno a esa situación.
El testigo también recordó que después del golpe de Estado, un grupo de personas de civil que nunca supo quienes eran, se movían con total libertad dentro de la repartición militar. Tenían acceso a todos los lugares y no se identificaban ante nadie.
Por último, Mittidieri contó, que al menos dos veces vio desde el balcón de su oficina que esas personas que habían sido detenidas eran subidas a los micros de la Base Naval y trasladados a algún lugar que él ignoraba
Por Federico Desántolo.

11º audiencia, 6 de octubre

En la Base había detenidos

Una ex detenida desaparecida y un ex médico de la Armada fueron los dos testigos que declararon ayer en la undécima audiencia en el juicio a tres ex militares acusados de crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en la Base Naval local durante la última dictadura cívico militar.

El médico de la Armada retirado, Roberto Guillermo Sosa Amaya tiene 75 años y ayer frente al tribunal oral federal 1 (TOF 1) relató sus casi tres años en la Base Naval local como jefe de sanidad.
La primera vez que el médico estuvo en la Base Naval fue en 1973 cuando realizó una especialización en medicina hiperbárica. Luego volvió a su destino de origen y uno año después regresó como jefe de sanidad. Allí estuvo desde 1974 hasta enero de 1977.
Sosa Amaya estaba a cargo del pequeño hospital emplazado en la Base Naval. Allí se realizaban todos los controles médicos se realizaban controles médicos y se atendían las afecciones que tuvieran suboficiales y oficiales.
El día del golpe de Estado, el 24 de marzo de 1976, el testigo contó que “esa noche” hubo un gran movimiento de militares no sólo de la Armada sino también policías y miembros del Ejército. Uno de los médicos que trabajaba con él, Julio Carrilaf comenzó a trabajar con los grupos de tareas que se encargaban de los secuestros. Incluso contó que una vez trajo a una chica herida, estaba enyesada y la alojó en una de las habitaciones de sanidad. Sólo Carrilaf y otro oficial tenían la llave de la habitación.
Por su rango y función, Sosa Amaya participaba de las reuniones con las máximas autoridades. En un encuentro en la Base Puerto Belgrano donde había ido con otros oficiales de la base local, contó que el Almirante Mendia les habló de la lucha que comenzaba a partir del 24 de marzo y también les dijo que la lucha sería muy dura. Luego los llevaron al cine de la Base donde les proyectaron la “Batalla de Argelia”, la película del director Gillo Pontecorvo donde se muestra las detenciones torturas y asesinatos del ejército de ocupación francés en Argelia. Una forma de mostrar con imágenes lo que las fuerzas armadas hacían desde el 24 de marzo de 1976.
En otra reunión con las mismas características, pero esta vez en la Base Naval local, también fueron instruidos acerca de las “organizaciones subversivas”. El testigo recordó, que un infante de marina, les gráfico y explicó como era el organigrama de cada organización y cómo funcionaban.
Sosa Amaya aseguró que en la Base había detenidos porque le tocaba hacer guardias y en esa tarea tenía que controlar que los secuestrados hayan comido. Cree que había entre 15 y 20 detenidos y que se iban renovando. Según el testigo estaban en una obra en construcción detrás del edifico de Buzos Tácticos en la parte posterior de la Base Naval.
En un principio creyó el argumento de sus superiores cuando le decían que los detenidos trasladados eran llevados hasta un lugar donde hubiese un tribunal federal. Luego comenzó a sospechar que eso era mentira. Y supo que los traslados implicaban la eliminación física de los prisioneros. Cuando el fiscal Daniel Adler le preguntó si sabía que los detenidos eran interrogados bajo tortura dijo que no le constaba. Incluso se atrevió asegurar que eso no ocurría porque consideraba que “en ninguno de los bandos ni Montoneros ni los oficiales existía la crueldad”.
Sosa Amaya recordó, también que antes del golpe de Estado, el almirante Emilio Massera visitó la Base y en una reunión manifestó los problemas que tenía con el entonces ministro de Bienestar Social y jefe de la Triple A, López Rega.
Con respecto a los imputados, el capitán de navío Justo Ignacio Ortiz y el contralmirante Roberto Pertusio dijo que los conocía porque eran sus superiores en la Base y que Ortiz fue subjefe de la Base Naval durante el tiempo que él cumplió funciones allí.
A fines de 1976, Sosa Amaya pidió el traslado porque sentía que ese ya no era su lugar. Su decisión, contó el testigo, coincidió con el momento en que supo que los traslados de los prisioneros suponían la eliminación física.


“Estaba libre pero seguía presa”

Cuando Gladis Garmendia fue secuestrada por una patota de la Base Naval tenía 18 años y hasta el 18 de julio había sido responsable de un grupo universitario en el Partido Socialista de los Trabajadores (PTS).

El primer secuestro ocurrió el 19 de octubre a la madrugada. Un grupo de cuatro personas vestidas de oscuro con borceguíes arriba del pantalón, entró a la casa de sus padres y se llevaron a ella y a su hermana. Las llevaron a un lugar donde las tuvieron el resto de la noche, encapuchado y atado de manos. Al día siguiente las largaron.
A la semana, la misma patota volvió a la casa de Moreno al 4000. Esta vez se llevaron sólo a Gladis. Pasó 35 días secuestrada en la Base Naval y ayer declaró ante el TOF 1.
Garmendia contó que los militares que la secuestraron no creían que ella había abandonado la militancia. Pensaban que había pasado del PTS al ERP, tenían la idea de que los militantes del PTS en algún momento pasaban a la lucha armada.
Encapuchada llegó a la Base Naval y la mayoría de los días los pasó sentada en una silla de playa en un lugar grande con otras personas en iguales condiciones. Algunas de ellas eran compañeros de militancia. Los reconoció por sus quejidos y llanto.
La testigo contó que para interrogarla la sacaban de esa habitación y le hacían bajar una escalera. En un cuarto chiquito la sentaban en una camilla y entre pregunta y pregunta la zamarreaban.
Recordó que una oportunidad fue manoseada por sus captores y que luego la llevaron a una celda individual donde un hombre que le decían el “Capellán” continuó con los vejámenes. También recordó que uno de los miembros de la patota le decían “Cachorro” y que decía que él la iba a ayudar. Luego se dio cuenta que buscaba otra cosa. Incluso una vez liberada, “Cachorro” siguió visitándola e invitándola a viajar.
Garmendia supo que estaba en la Base Naval porque cuando se bañaba podía ver por una mirilla al exterior y desde allí veía los silos del puerto. Cierta vez la sacaron en un auto para que viera un operativo de secuestro. En pleno centro de la ciudad, en San Luis y San martín, desde el interior de un auto vio como secuestraban tres compañeros del PST: Gustavo Stati, Javier Martínez y su novia, de nombre Elena. Los tres continúan desaparecidos.
Un día Gladis fue sacada de la celda y le dijeron que la iban a liberar. Un hombre le dijo que se olvidara de la política que se casara y tuviera muchos hijitos. “De lo contrario no iba a contar el cuento”.
Durante varios meses, Garmedia recibió la visita de “Cachorro” y tuvo que acudir a lugares que sus captores le indicaban. “Estaba libre pero seguía presa”, contó. Tuvo mucho miedo por muchos años. Un día de 1995, la hermana de Elena la ubicó y le pidió que declarara en la causa por la desaparición de su hermana porque ella había sido testigo del secuestro. El miedo la paralizó y dijo que no. En 2008 venció el miedo y declaró ante el juez de instrucción de la causa. Ayer lo hizo ante el tribunal oral y saldó aquella deuda con Elena y otra tanta gente

Por Federico Desántolo.

10º audiencia, 5 de octubre

Esposado por la espalda lo trasladaron a la Base Naval

Edgardo Gabbín de 57 años relató su periplo de poco más de un año por cárceles y centros clandestinos de detención dependientes de la Marina

La primera detención de Edgardo Gabbín, militante del Peronismo de Base en la localidad de Batán, ocurrió en 1975 durante una fiesta en el barrio San Martín. Todos fueron trasladados al destacamento Peralta Ramos, actual comisaría quinta. Cinco, entre ellos el testigo, fue alojado en la comisaría primera y permaneció 30 días encerrado. La segunda vez fue en enero de 1977. Estuvo casi un año secuestrado en distintos centros clandestinos de detención. Encerrado en la sala de máquinas de un buque amarrado en Puerto Belgrano pensó en quitarse la vida para terminar con el calvario. Ayer, con 57 años, declaró ante el tribunal que juzga los crímenes cometidos en la Base Naval de Mar del Plata durante la última dictadura cívico militar.
A Gabbín le tocó hacer el servicio militar en 1974, pero después de algunos meses decidió darse de baja de manera unilateral y desertó. Continuó con su militancia política hasta en 1977 cuando en un partido de fútbol en la cancha del club Nación, el árbitro del encuentro, un cabo primero de la Armada identificado como José Francisco Bujedo, lo reconoció. Según el testigo, primero lo dejaron encerrado en uno de los vestuarios y una vez que terminó el partido, Bujedo y otro oficial de la Armada, que hacía las veces de juez de línea en el partido, lo llevaron hasta su casa, una pensión ubicada en Colón y 162. Durante el viaje le hicieron algunas preguntas acerca de las actividades que realizaba y demás. Antes de despedirse, los oficiales de la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina (ESIM) le dijeron que al día siguiente lo esperaban en un departamento del barrio San Carlos donde le entregarían el documento en regla que nunca pudo recuperar luego de su deserción de la colimba.
En la dirección indicada lo esperaba Bujedo y otras personas. Le dijeron que estirara las manos y lo esposaron sin explicaciones. El primer destino fue la ESIM. Allí esperó por varias horas dentro del auto, pero no lograron entrar. Esposado por la espalda lo trasladaron a la Base Naval, acostado boca abajo en el piso de la parte trasera del auto.
En la Base Naval, lo esperaban sus carceleros. Uno lo apuntaba con un fusil mientras otro le ponía esposas sofisticadas, denominadas japonesas, que se ajustaban con cada movimiento de manos. “La primera noche la pasé encapuchado y con mucho miedo”, contó Gabbín.
No recordó si era de día o todavía la madrugada cuando lo despertaron a los golpes y con insultos: “comunista…zurdo hijo de puta”. La paliza lo dejó casi inconsciente. Cuando logró despabilarse comenzó el interrogatorio. Le preguntaban por algunos compañeros de militancia. Siempre eran los mismos nombres: “La Gallega, Perico, Cabezón y otro de apellido Ruiz”.
En una oportunidad recordó que dentro de la Base fue trasladado a una oficina cercana al Club Náutico. Allí sintió el mar y gente que se divertía como si estuviera en la playa. Calculó que estaba a unos 500 metros de su calabozo. Por la ventana de esa oficina vio dos autos Ford Falcon del cual bajaban a detenidos y los metían en una casita tipo alpino. Una era una chica que rengueaba y el otro un muchacho.
En la Base Naval tuvo que soportar cuatro interrogatorios bajo tortura. Después de la última golpiza lo dejaron desnudo durante 20 días. Sólo comía pan y mate cocido. Gabbín recordó que al carcelero que le alcanzaba la comida le decían “Judío”. Fue quien le comentó que a los que trasladaban Buenos Aires los mataban. Antes de ser trasladado lo visitó un cura a quien le dijo que Dios lo había abandonado. Días más tarde, sólo recibió una Biblia.
Un día lo mandaron a bañarse y lo afeitaron le pusieron ropa y le dijeron que lo trasladarían en helicóptero, pero terminó a bordo de un Ami 8 rojo rumbo a Buenos Aires, a la dependencia de la policía naval situada en Antártida Argentina 643. Allí le comunicaron que estaba a disposición del Poder Ejecutivo Nacional.
El encierro era insoportable y en el pabellón junto a otros detenidos estaban todo el tiempo bajo los efectos de drogas.
No podía soportarlo más. Decidió que se tenía que ir y la única manera era llegar hasta el hospital naval y de allí fugar. No lo dudó, y dejó caer todo el peso de una cucheta triple de hierro sobre uno de sus pies. La fractura de dos dedos lo llevó hasta el hospital, pero un pie encadenado a la cama le frustró la mentada fuga. Cuando lo llevaron nuevamente a la cárcel, no lo recibieron y pasó una noche en el edificio Libertad, sede del Estado Mayor de la Armada.
Sus captores resolvieron mandarlo a Mar del Plata. Custodiado todo el tiempo por dos militares, pasó 30 días en su casa junto a su mujer. Allí supo que ella le contestaba las cartas que le enviaba desde la cárcel naval, pero siempre volvían rechazadas. Supo que su situación seguía siendo de total clandestinidad.

Volvió a Buenos Aires junto con sus custodios y comenzó otra odisea. Su nuevo destino asignado como prisionero era Bahía Blanca. En Puerto Belgrano permaneció encerrado en la sala de máquinas de un buque “San Martín” anclado mar adentro, lleno de ratas y mugre. Allí pensó en tirar la toalla, el suicidio se transformó en una posibilidad para terminar con el sufrimiento. Sus captores le decían que había otra persona en el barco, pero nunca la vio.
Con el tiempo, -recordó Gabbín-, las condiciones de encierro se flexibilizaron y el último tramo de su detención lo pasó en tierra firme. Se hicieron más frecuentes las salidas transitorias y un día lo dejaron en libertad.
El 17 de febrero de 1978, antes de irse de Puerto Belgrano, su carcelero le entregó el documento que había ido a buscar aquel lunes de enero, del año anterior, a la casa del cabo primero Bujedo.
“En la Terminal de Mar del Plata –contó el testigo-, me esperaba el comité de bienvenida. Bujedo junto a otras personas. Me dijo que no apareciera nunca más por Batán y que me iban a tener vigilado”.
En plena democracia, la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA) tuvo a Gabbín en sus archivos. Un informe de 1987 lo sindicaba, todavía, como un delincuente subversivo.
De José Bujedo, Gabbín supo que fue vicepresidente de la sociedad de fomento del barrio San Carlos y que continúo con su oficio de arbitro de fútbol. En 2007 dos días antes que el testigo tuviera que declarar en las audiencias por el Juicio de la Verdad, recibió casualmente una invitación firmada entre otras personas por Bujedo por la cual lo invitaban a una charla de fomentistas.

EL TRIBUNAL DECIDIO NO UNIFICAR LAS CAUSAS

Proximas audiencias martes 5 y miercoles 6, a las 11hs.

El Tribunal denegó el pedido de la Fiscalía, las querellas y la defensa del imputado Arrillaga de unificar las causas “Base Naval 1” y “Base Naval 2”. Así comenzó la novena audiencia del juicio oral y público por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar en la Base Naval de Mar del Plata, en la que sólo declaró un testigo.

Con la presencia del imputado capitán de navío, Justo Ignacio Ortiz y el contralmirante Roberto Pertusio comenzó la audiencia explicando que el ex general de brigada Alfredo Arrillaga, no estaba presente en la sala por motus propio.

La lectura por secretaría de la resolución del Tribunal en torno al pedido de unificación de las causas abrió el debate central de la jornada. La incompatibilidad entre los momentos procesales de las dos causas en cuestión –la Base Naval 1 en actual debate oral y la 2 con pedido de elevación a juicio y parte “aún en instrucción”- fue la argumentación mediante la cual se denegó la unidad de causas en un solo juicio.

Si bien inmediatamente después de leer la resolución se dio paso al testigo, el fiscal Daniel Adler solicitó que se lean los fundamentos de la decisión para así poder expresar en el recinto las disidencias. Esto se produjo alrededor de las 13, cuando el secretario del Tribunal hizo lectura del documento y se abrió el debate en torno al tema. Así, el representante del Ministerio Público fue contundente al exponer su oposición a la decisión de no unificar causas basándose en la necesidad de dar celeridad a los juicios por delitos de lesa humanidad como lo manifestó la Procuraduría en una de sus resoluciones generales.

Adler, además de solicitar el pedido de revisión por parte del Tribunal de la medida, realizó el pedido subsidiario para poder presentar la apelación correspondiente ante Casación.
Lo expuesto por el fiscal fue acompañado por la totalidad de la querella y por la defensa del imputado Arrillaga, mientas que los defensores oficiales a cargo del patrocinio de Ortiz y Pertusio pidieron que se mantuviera firme la resolución.

“Me avergüenzo de ser militar”

Así lo manifestó Juan José Zaniboni, quien cumpliera funciones como enfermero de la Marina dentro de la Base Naval local desde 1970 hasta 1993
“Con las cosas que escucho, me avergüenzo de ser militar”. La frase es lapidaria y refleja el sentimiento de un ex marino que, según manifestó, se fue enterando de lo ocurrido ya en democracia. “Nunca digo que fui militar, digo que pertenezco a la administración pública”, expresó.

Alrededor de las 12 del mediodía, Juan José Zaniboni, único testigo previsto para la jornada de ayer ingresó a la sala y ocupó el asiento de los testigos.
Allí dijo no tener ningún tipo de relación con los imputados y, con una actitud distendida comenzó a responder las preguntas realizadas por la Fiscalía.

Según explicó Zabinoni se desempeño desde 1970 hasta principios de 1976 como enfermero dentro de la Base Naval local. Un mes antes del golpe de Estado fue enviado a la Escuela de Sanidad Naval ubicada en Puerto Belgrano a realizar un curso de técnico radiólogo. En noviembre del mismo año volvió a la base y, según declaró, algunas cosas habían cambiado.

Una de las alteraciones que recordó está vinculada a la existencia en la enfermería de dos camarotes que permanecían constantemente cerrados con llave. El testigo explicó que a ese lugar sólo entraban cuatro personas: tres sub oficiales y un médico. “La llave del lugar la tenían los sub oficiales Romero, Cáceres y Pacheco, y el doctor Carrilaf”, declaró Zaniboni.

Mientras la voz del enfermero se expandía por la sala con los recuerdos –en su mayoría limitados- de los años de servicio, Pertusio se mostró nervioso, verborrágico y atento a los dichos de su ex camarada de armas. Sus pequeños ojos celestes se abrían cada vez más al escuchar que el enfermero nombraba a los marinos. Su asombro fue mayor cuando de la boca del testigo salió la siguiente frase “Entre nosotros nos decíamos `cuidado que no te agarre ojitos celestes –en alusión a Pertusio- porque te mete preso´”. Estos dichos, sumados a la afirmación de que Pertusio “era un hombre jodido”, formaron parte de la caracterización que hizo el testigo de quien cumpliera funciones de jefatura dentro de la Base Naval.

En relación a los extraños camarotes cerrados, el testigo explicó que seguramente eran utilizados durante la noche, ya que mientras él cumplía su horario de trabajo regular –de 6.50 a 17- no veía mayores movimientos.

Zaniboni expresó que él nunca entró al lugar y que sólo lo hacían las cuatro personas mencionadas, pertenecientes al grupo de Sanidad. Cabe destacar que el doctor Carrilaf era cirujano y que el sub oficial Romero tenía a su cargo la farmacia del lugar, por lo que se infiere que el grupo “especial” tenía un grado de autonomía capaz de realizar operaciones y curaciones sin necesidad de recurrir a los demás miembros de Sanidad.

“No soy una persona sociable. No tengo amigos dentro de la fuerza. Yo iba y realizaba mi trabajo, nada más”, se excusó el testigo ante la pregunta sobre si recordaba nombres o funciones de sus camaradas de armas.

Otro cambio que notó el testigo luego de marzo de 1976 fue la expresión en el rostro de los miembros de la Base. “Todos estaban más serios y todo era como más militarizado”, explicó.

CROQUIS DEL LUGAR

Dentro de los elementos que aportó en su declaración, Zaniboni realizó un croquis explicando cómo estaban distribuidos los edificios dentro del predio de la Base Naval. Fue llamativo el cambio de actitud en su declaración a la hora de describir el lugar donde funcionaban los buzos tácticos, lugar donde estaba emplazado el Centro Clandestino de Detención. Sólo recordaba del lugar la existencia de una “perra” la cual –según explicó- “me odiaba”.

También recordó la existencia de colectivos verdes con la insignia de la Armada en sus costados y de camionetas similares. Una ambulancia blanca, en un estado deplorable fue otro de los vehículos que logró memorizar.

Por Juan Carra.

8º Audiencia ...

Cuarto intermedio hasta el martes 28, a las 11hs.

Previo al golpe había detenidos en la Base Naval

Fue antes del golpe cívico militar del 24 de marzo de 1976. Vio a una mujer en un calabozo con los ojos vendados. “Decían que era una jefa del ERP”, dijo el testigo.

Juan José María Parietti debía ser dado de baja en febrero de 1976. Pero el inminente Golpe de Estado de marzo lo obligó a permanecer dos meses más bajo bandera. Ayer, frente al tribunal oral que juzga a tres militares por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar, declaró que como conscripto en la compañía de seguridad y vigilancia de infantes de marina tuvo que participar de operativos de secuestro en Miramar y que antes del 24 de marzo de 1976 ya había detenidos en la Base Naval local.

Parietti fu el segundo testigo de una nueva audiencia del juicio por la causa Base Naval 1 en el cual se juzga al capitán de navío Justo Ignacio Ortiz, al contralmirante Roberto Pertusio y al ex general de brigada Alfredo Arrillaga. Nervioso y sin mucha precisión, contestó las preguntas de la querella.

Durante la colimba, Parietti formó parte de la compañía de Seguridad y Vigilancia de la Infantería de Marina, estaba a cargo de organizar el cronograma de las guardias dentro de la Base Naval. Ayer recordó que el día anterior al golpe de Estado sus superiores le comunicaron que quedarían acuartelados por tiempo indeterminado y que debía cambiar la modalidad de las guardias: los infantes de marina –adiestrados en el uso de armas-, pasaron a cumplir otras funciones y fueron reemplazados por marineros en las guardias.

Así el testigo, el mismo 24 de marzo fue enviado a cumplir tareas a Miramar. Parietti contó que la Armada se hizo cargo de la comisaría de aquella localidad y que los infantes de marina tomaron asiento en un club cercano a la plaza principal. Durante esas semanas su tarea consistió en prestar apoyo de seguridad en los operativos de secuestro. Recordó que iban a buscar a las personas a sus domicilios particulares y que de allí las llevaban a la comisaría.

Parietti aseguró que ellos –los conscriptos-, no ingresaban a las viviendas sino que prestaban apoyo externo. También dijo que las personas eran sacadas de sus casas con los ojos vendados y las manos atadas. Según el testigo, nunca supo porque se las llevaban y nadie les daba explicaciones de lo que hacían con los detenidos.

El ex conscripto y actual abogado, fue dado de baja en mayo de 1976 y el imputado Justo Ignacio Ortiz fue quien le firmó la libreta por ser el subjefe de la Base Naval por aquel entonces. También recordó que una vez tuvo que ir a un paraje en una ruta cercana a Miramar para hacer una guardia porque Ortiz había sido invitado a comer un asado en ese lugar. De Pertusio dijo que sabía que era un oficial de la Base Naval en aquel entonces, pero que nunca lo vio.
Consultado por uno de los querellantes acerca de si alguna vez vio detenidos en la Base Naval local, Parietti recordó que antes del golpe de Estado fue a la zona de calabozos a visitar a un colimba amigo suyo que había sido encarcelado por portarse mal. En esa oportunidad pudo ver a una mujer que estaba en una de las celdas. La mujer tenía los ojos vendados. Cree que tenía entre 25 y 30 años. El testigo supo por comentarios que le decían “La India” y que era una jefa del ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo).

El testimonio de Parietti confirma que antes del golpe de Estado, en la Base Naval, había detenidos de forma clandestina. El testigo recordó que supo además de la mujer había otras tres persona mas. Pero no las vio.

Parietti no recordó los nombres de sus superiores inmediatos ni de los oficiales que realizaban los operativos de secuestro en Miramar. Si dijo que eran personas que habían llegado de Puerto Belgrano después del 24 de marzo de 1976.

Caso del matrimonio Bourg

Estela De La Cuadra inició la ronda de testigos de la audiencia celebrada ayer. Ex militante sindical en la ciudad de La Plata aportó datos sobre la desaparición de su concuñado Raúl Bourg y Alicia Rodríguez de Bourg.

De La Cuadra rememoró el secuestro del matrimonio Bourg ocurrido entre el 5 y 7 de septiembre de 977. Contó que un grupo armado se llevó primero a Raúl y a Alejandro Saenz, primo de Alicia Rodríguez de Bourg. Los dos hombres fueron llevados de una quinta ubicada en el camino viejo a Miramar. A los dos días se llevaron a Alicia. Los cinco hijos del matrimonio quedaron al resguardo de los abuelos maternos.

La mujer contó a los jueces Nelson Jarazo, Alejandro Esmoris y Jorge Michelli que Saenz fue liberado al día siguiente de su detención y según su relato estuvo junto a Raúl en un lugar donde se sentía “olor a mar” y que a Raúl lo interrogaban sobre un tal Oscar.

El olor a mar es una referencia que hicieron muchos de los sobrevivientes del centro clandestino que funcionó en la Base Naval. El edificio donde fueron alojados está muy cerca de la playa. En cuanto al nombre Oscar, De la Cuadra, aclaró que se trataba de uno de los peones de la estancia La Firmeza, propiedad de los Bourg ubicada sobre la ruta 2, a la altura de General Pirán.

Oscar Saturnino “El Petizo” Ianni era un militante del movimiento obrero de base con intensa actividad en el Gran La Plata. A partir del golpe de Estado tuvo que cambiar de lugar porque era buscado por las fuerzas represivas. Vivía en el campo de Bourg junto a su mujer y sus tres hijos cuando el 6 de septiembre fue secuestrado por un grupo de tareas del Ejército. El cuerpo de Ianni fue identificado en 2007 junto con otros dos militantes de esta ciudad: José Changazzo y Eduardo Caballero. Estaban enterrados como NN en el cementerio municipal.

El secuestro de Ianni fue la antesala de lo que se llamó el “Operativo Escoba” cuando un grupo de militantes del PCML (Partido Comunista Marxista Leninista) que habían tenido que abandonar su lugar de origen y afianzarse en Mar del Plata y la zona, fueron secuestrados y desaparecidos entre noviembre y diciembre de 1977.

De La Cuadra conoció a la mayoría de esos militantes secuestrados. Con muchos de ellos tenía un vínculo familiar. En ese operativo a nivel nacional también fue secuestrado su marido y su pequeño hijo de 2 años y medio que luego fue restituido.

Raúl y Alicia Bourg, sin ser militantes, también conocían a algunos integrantes de ese grupo. La testigo cree que el hecho de que Ianni viviera en el campo del matrimonio fue uno de los motivos de su desaparición.

El “Operativo Escoba” se produce luego que uno de los fundadores del PCML, Oscar Alfredo González, cayera en manos de la dictadura. En noviembre de 1977. A través de esa acción desarticularon toda la organización y desaparecieron decenas de personas en Mar del Plata y en el resto país.

Por Federico Desantolo

Septima audiencia ...

Cuarto intermedio hasta el Lunes 20 de septiembre 11hs.

“No lloré, pero me descompuse, sentí un dolor terrible en las venas de los brazos”

Así relató su vivencia Isabel Sáenz de Rodríguez, madre de Alicia, una de las detenidas desaparecidas por cuyo caso está imputado el ex general de brigada Alfredo Arrillaga.

Con la declaración de dos nuevos testigos, se llevó a cabo la séptima audiencia del juicio por delitos de lesa humanidad Base Naval 1. Ayer, el debate oral se centró en el caso del matrimonio Bourg, secuestrado en septiembre de 1977 y que aún hoy permanecen desaparecidos.
Alrededor de las 10 de la mañana los jueces Nelson Jarazo, Alejandro Esmoris y Jorge Michelli ingresaron a la sala para dar inicio al debate.

Isabel Sáenz de Rodríguez, madre de Alicia y suegra de Raúl Bourg, fue la primera en comparecer ante el tribunal. La mujer, en un testimonio claro y bastante detallado, reconstruyó sus vivencias a partir de la desaparición de su hija y su yerno. El pasaje más crudo de su declaración estuvo vinculado a las reflexiones sobre las actitudes de los secuestradores: “Yo estaba tranquila porque sabía que mi hija era inocente –dijo- Nunca se me ocurrió que iban a matar a una madre de 5 hijos”.

La testigo relató a pedido del representante del Ministerio Público, Daniel Adler, lo que recordaba de los días 5 y 6 de septiembre de 1977. “Cuando se llevaron a mi hija no estaba en Mar del Plata”, explicó Isabel a la vez que señaló que apenas se enteró de la ocurrido se dirigió a la quinta donde vivía Alicia para hacerse cargo de sus cinco nietos.

Estando allí pudo saber que días atrás, cinco hombres de civil llegaron en autos y preguntaron por Raúl Sáenz. Su hija les informó que su marido Raúl estaba en una quinta cercana y les dio la dirección. El grupo se dirigió al lugar y se encontró con dos hombres: Raúl Bourg y Alejandro Sáenz; como el grupo de hombres buscaba a Raúl Sáenz, en un acto ilógico, se llevó a ambos. También, de la quinta que habían visitado en primer lugar, secuestraron a Alicia.

Según recordó Isabel Sáenz de Rodríguez, en esa oportunidad el grupo de hombres “revolvió toda la casa”, dejándola –según sus dichos- patas para arriba.

A partir de ese día Isabel vivió, junto a su consuegra, una serie de periplos por juzgados y dependencias militares pidiendo por la vida del matrimonio Bourg.

Eso la llevó a entrevistarse dos veces con Pedro Barda, jefe de la sub zona 15 y principal responsable de los operativos militares en la denominada “lucha antisubversiva” en la región.
Barda en persona recibió a las mujeres que le consultaron por qué el arrendatario del campo perteneciente a los Bourg tenía un documento firmado por él mediante el cual se lo habilitaba a explotar económicamente las tierras. Barda respondió que conocía al arrendatario y que había firmado ese documento para beneficiarlo y también para que la familia Bourg no pierda su cosecha. “Encima parecía que nos estaba haciendo un favor”, relató Sáenz de Rodríguez en su declaración.

En la segunda oportunidad de que encontró cara a cara con Barda, la mujer no dudó en ofrecer las tierras del campo a cambio de la vida de su hija y su yerno. En ese momento, según relató, Barda se quedó callado, hizo pasar a 5 hombres de civil a su despacho del G.A.D.A. 601 y le pidió Sáenz de Rodríguez que repitiera lo que había dicho.

Días después el grupo de hombres apareció en la casa de la mujer para exigir las escrituras. Ese mismo grupo, relató ya había estado allí presentándose como miembros de las “fuerzas conjuntas” además, el puestero de las tierras le comunicó a la mujer que cinco hombres habían estado en el campo comiendo asado y tomando vino. El grupo al mando de Barda había tomado posesión de las tierras, sin embargo del matrimonio Bourg no había noticia.

En una de sus visitas a tribunales para verificar si había alguna noticia sobre los habeas corpus presentados, Isabel tuvo una respuesta. Un hombre, a quien sólo puede recordar como un hombre de alrededor de 60 años, la hizo pasar a un despacho. Allí, el funcionario del Poder Judicial la esperaba detrás de un escritorio donde descansaba un libro de notas. El hombre señaló con su dedo una zona de la página en la que estaba abierto y luego se desplazó hacia una ventana, dándole la espalda a Isabel. Ella entendió que tenía que leer donde le señalaba y no decir mucho más. Se acercó y comenzó a leer y allí pudo encontrar el nombre de su hija entre el de otras cuatro mujeres. A continuación la peor de las noticias: Alicia había sido asesinada en un enfrentamiento.

“No lloré, pero me descompuse, sentí un dolor terrible en las venas de los brazos”, recordó Isabel en su relato. También hizo referencia a que el hombre le pidió que se fuera y que volviera más tarde, ella supone que al verla descompuesta el funcionario tuvo miedo y la hizo salir. Cuando horas después Isabel volvió acompañada de su marido, el hombre ya no estaba y tampoco el libro que contenía la peor de las noticias.

ANÓNIMO

Isabel, también, refirió a una carta anónima que recibió por debajo de la puerta en su departamento del edificio “Las Américas”, el mismo en el que casualmente vivía el imputado Alfredo Arrillaga. En la esquela se decía que Arrillaga era el responsable de la muerte de su hija y que, incluso, había tirado su cuerpo al mar. También nombraban en la carta a otro militar de apellido Nani como partícipe en el asesinato.

Fue Verónica, la hija del matrimonio Bourg la que tomó el anónimo y subió hasta el quinto piso del edificio, tocó el timbre en uno de sus departamentos y se enfrentó cara a cara con Arrillaga.
La chica, que tenía alrededor de 13 años, le preguntó al representante del Ejército qué había hecho con sus padres. Arrillaga le contestó cortante que él no sabía nada y cerró la puerta.
Verónica volvió al departamento de su abuela llorando desconsolada. El lunes, la joven, más de 30 años después recordó el calvario de su vida ante el tribunal.

SOLIDARIOS Durante todo su testimonio Isabel hizo hincapié en una cosa: su hija y su yerno eran personas solidarias, que ayudaban constantemente a cualquiera que lo necesitara. Por esto, explicó Alicia había prestado el campo para que se resguardaran personas que tenían problemas. “Yo le pregunté más de una vez quiénes eran –explicó- hasta que una vez ella me contestó que cuanto menos supiera del tema mejor”.

EXILIADO

El otro testigo que compareció ante el tribunal fue Enrique Alfredo Rodríguez, hijo de Isabel y hermano de Alicia. En su testimonio explicó que durante los hechos justo se encontraba en Europa por motivos laborales y que al enterarse de lo sucedido decidió pedir asilo político en España. Si bien le fe denegado, insistió con el trámite ante el Estado francés quienes le brindaron la protección. Exiliado hasta tres días después de que Alfonsín asumiera como presidente en 1983, Rodríguez realizó gestiones por su hermana y su cuñado, pero no tuvo respuesta alguna.

Por Juan Carra.

Sexta audiencia ...

Continua martes 7 a las 10,30hs

Mi mamá pidió permiso para despedirse de nosotros y nunca más

Verónica Bourg, hija del matrimonio Bourg desaparecidos desde septiembre de 1977 fue la primera en declarar ayer, en una nueva audiencia del juicio que se le sigue a tres militares por crímenes de lesa humanidad. Nuevos testimonios comprometen al juez Pedro Cornelio Federico Hooft

Los dos hijos mayores del matrimonio Bourg y una de sus tías, fueron los tres testigos que declararon ayer en el juicio por los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención (CCD) que funcionó en la Base Naval Local durante la última dictadura cívico militar. Sus testimonios, sobre la desaparición de un expediente por privación ilegítima de la libertad, comprometen al juez Pedro Cornelio Federico HooftVerónica Bourg tiene 41 años y el último domingo padeció un nuevo aniversario, el número 33, de la desaparición de sus padres. Un día después, revivió ante el tribunal oral federal Nº1, el secuestro de sus padres, la búsqueda y la tristeza de no volver a verlos.

El 5 de septiembre de 1977 Verónica tenía 8 años y vivía con su padre Raúl Bourg, su mamá Alicia Rodríguez y sus cuatro hermanos en una casa quinta ubicada en el kilómetro 5 del camino viejo a Miramar. Esa noche, un grupo de personas armados y vestidos de civil buscaban a su padre. Su mamá les dijo que Raúl estaba junto con un primo –Alejandro Saenz- en una quinta vecina. Algunos de los hombres fueron a buscarlos y otros se quedaron con la mujer y los chicos. Al rato, uno de ellos volvió y dijo ya los tenemos y se fueron.

Verónica recordó ante los jueces Nelson Jarazo, Alejandro Esmoris y Jorge Michelli que al día siguiente cuando se despertó su abuelos maternos estaban en la casa y Alejandro Saenz que había sido secuestrado con su padre ya estaba de vuelta. A los que después supo que su detención había generado una pelea entre los secuestradores porque Saenz era un conscripto en aquella época y por ese motivo lo soltaron a las pocas horas.

Saenz se fue del país a los pocos días y cuando regresó le contó a Verónica que creía que los habían llevado a la Base Naval. Él describió el olor a mar y una escalera que muchos de los ex detenidos en ese CCD recuerdan.

El 7 de septiembre, dos días después que se había llevado a Raúl Bourg, el grupo de tareas volvió a la casa quinta. Esta vez le dijeron a Alicia Rodríguez de Bourg que preparara una muda de ropa para su marido y que tenía que ir con ellos para certificar una denuncia. Verónica recordó “mi mamá pidió permiso para despedirse de nosotros y nunca más”.

Cuando el abogado querellante por la APDH le preguntó a la testigo cuales eran sus expectativas con respecto a este juicio, Verónica respondió mirando al tribunal: “Cero expectativa. Nada de lo que ustedes hagan va a pagar lo que nos hicieron”.

Las primeras gestiones para sabe donde estaban los Bourg fueron las presentaciones de habeas corpus y la apertura de una causa por privación ilegitima de la libertad, ambos trámites en el juzgado provincial Nº3, a cargo del juez Pedro Federico Hooft El expediente fue caratulado “NN O VARIOS S/ PRIVACION ILEGITIMA DE LA LIBERTAD. Bourg Juan – Rodríguez de Bourg Alicia”.

El matrimonio Bourg tenía un campo en General Pirán que era arrendado a un amigo de la familia, Ernesto Aguinaga.

El 20 de septiembre del ’77 Aguinaga junto con un escribano de apellido Fernández Puentes fue a ver al jefe de la subzona militar 15, coronel Pedro Barda para regularizar la situación del campo ya que sospechaban que el Ejército tenía al matrimonio Bourg.

Barda no solo los recibió, sino que además extendió un documento en el cual autorizaba a Aguinaga a seguir explotando el campo. El documento hablaba de Raúl Bourg como “supuesto delincuente subversivo”. El Ejército reconocía tener secuestrado al matrimonio porque creían que eran terroristas.
El documento firmado por la máxima autoridad militar de la zona recorrió el mundo como prueba de que el matrimonio estaba en manos de los militares. También fue incluido como prueba documental en la causa por privación ilegitima de la libertad abierta en el juzgado del Juez Hooft.

El magistrado nunca citó a nadie a declarar. Tampoco habló con las autoridades militares y en febrero de 1978 archivó la causa porque consideró que no había pruebas suficientes para determinar quienes eran los responsables del secuestro del matrimonio.

En 2001, cuando se celebraban los juicios por la verdad, el tribunal oral federal solicitó al juzgado de Hooft el expediente archivado. El documento que demostraba que Hooft no había hecho nada para esclarecer el secuestro del matrimonio Bourg había desaparecido del archivo departamental.

La desaparición del expediente del caso Bourg es una de las pruebas presentada por los organismos de Derechos Humanos en el Jury que se lleva adelante contra Hooft. Con respecto a los habeas corpus presentado por los padres de Raúl y Alicia, el magistrado resolvió de forma negativa con costas a cargo de las familias.


Juan de la Cruz Bourg declaró después de su hermana. Tiene 42 años y 9 cuando secuestraron a sus padres. El mayor de los hijos del matrimonio, contó que luego del secuestro sus padres ellos quedaron al cuidado de sus abuelos maternos y al empezar la secundario abandonaron la casa quinta y se mudaron a un departamento en el edificio ubicado en Córdoba 1737. Un edificio habitado mayoritariamente por militares. Ellos vivían en el piso 12 y en el 20 lo hacía Alfredo Manuel Arrillaga, jefe de operaciones del GADA 601 en aquel entonces e imputado por el secuestro de los Bourg en la actualidad.

Un día llegó una nota anónima al departamento que decía “por el secuestro del matrimonio Bourg pregúntele a Arrillaga el es uno de los responsables”. Verónica, con sus 15 años, no dudó. Tomó la nota y subió hasta el piso 20. Arrillaga se limitó a decirle que no sabía nada que no entendía lo que decía esa nota.

Juan también recordó que su abuela se entrevistó con el coronel Barda y le dijo que no le interesaba nada de .lo material de sus hijos, refiriéndose al campo de General Pirán. Que lo único que quería era recuperar a su hijo y a su nuera. El militar no le dijo nada, pero a los pocos días un grupo de militares fue a la casa quinta a pedirle a la mujer la escritura del campo. No se las dio.

María Emilia Bourg es hermana de Raúl. Ayer después de un cuarto intermedio de una hora y media, relató con detalles cada una de las gestiones que hicieron junto con su madre, para saber donde estaba su hermano y su cuñada. Recordó que se entrevistaron con Barda y que el coronel no les negó ni afirmó que tuvieran al matrimonio. También hicieron gestiones con el ministro de Relaciones de aquel entonces, Luis María de Pablo Pardo, quien les dijo que el general Guillermo Suárez Mason le debía un favor y se lo iba a cobrar. El jefe del Primer Cuerpo del Ejército les dijo que pasarían una linda navidad. Pasaron 33 navidades y nunca hubo buenas noticias.

Por Federico Desántolo.