martes, 7 de diciembre de 2010

Jueves 9 - 10:30hs, alegatos de los defensores Dr H. Meiras(Arrillaga), D.Vazquez (Ortiz) y P. Muniagurria(Pertusio). La proxima semana podría ser la sentencia!!!


Penas Maximas para los tres imputados

El fiscal federal general Daniel Adler solicitó prisión perpetúa por considerar a los imputados culpables de los delitos de privación ilegitima de la libertad agravada, aplicación de tormentos agravados y homicidio calificado
“La responsabilidad de los imputados es la misma que tuvieron aquellos que se mancharon las manos con sangre”, afirmó el fiscal Daniel Adler. El representante del Ministerio Público solicitó la pena de prisión perpetúa para los tres militares por considerarlos coautores de secuestros torturas y homicidios contra perseguidos políticos durante la última dictadura cívico militar.
El fiscal Adler fue el último en alegar ayer, en una jornada maratónica en el Tribunal Oral Federal 1, donde se juzga a tres militares –uno del Ejército y dos marinos-, por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en la Base Naval local.
Lo primero que hizo el fiscal fue argumentar la responsabilidad del general de brigada Alfredo Arrillaga, del capitán de navío Justo Ignacio Ortiz y del contralmirante Roberto Luís Pertusio en los delitos que se le imputan. Los tres militares están acusados de privación ilegitima de la libertad agravada por mediar violencia, aplicación de tormentos agravados por tratarse, las víctimas, de perseguidos políticos y homicidio calificado en concurso premeditado de dos o más personas.
Según Adler los tres imputados formaban parte de una estructura de poder que tenía por objetivo perseguir y aniquilar a los opositores políticos. En tales circunstancias “un llamado por teléfono o una simple orden” alcanzaba para secuestrar torturar o desparecer a una persona. “Los tres imputados son coautores de los delitos que se le imputan porque formaban parte de del mecanismo de la lucha ilegal contra la llamada subversión”, explicó el fiscal.
La tortura desde París
La Fiscalía demostró que la conducta de los tres imputados formaba parte de un plan ideado desde el Estado asaltado por las Fuerzas Armadas para librar la denominada “lucha contra la subversión”.Así explicó los alcances del Placintara –Plan de Contrainsurgencia de la Armada de la República Argentina-, creado en 1975.
Adler demostró que en ninguno de sus puntos el Placintara mencionaba la tortura ni la desaparición de las personas. Pero el manual escrito fue complementado con órdenes verbales que si autorizaban la tortura para conseguir información, la ilegalidad y la eliminación de los opositores al régimen. El fiscal recordó el testimonio del oficial Sosa Amaya que n 1975 revestía en la Base Naval un mes antes del golpe de Estado de marzo de 1976 concurrió a una reunión de oficiales en Puerto Belgrano. Allí el jefe de del Plan de Operaciones, el contralmirante José María Mendía arengó a la oficialidad y los advirtió sobre una “guerra” que se libraba contra todos los elementos que atentaran contra los valores occidentales y cristianos.
Los oficiales reunidos en la base naval de Puerto Belgrano, fueron llevados al cine donde se proyectó al película la Batalla de Argelia. Según el fiscal, el film muestra como el ejército francés combatió al Frente de Liberación Nacional de Argelia con secuestros y torturas. “La película de Gillo Pontecorvo adoctrinó a no menos de 900 oficiales para la ‘lucha contra la subversión’. La tortura venía bendecida desde París”, concluyó Daniel Adler.
La relación del Ejército y la Armada
El Placintara estipulaba la creación de Fuerzas de Tareas con asiento en las distintas reparticiones de la Armada, su objetivo era la represión de la “subversión”. En Mar del Plata funcionó la Fuerza de Tareas 6.
El grupo compuesto por la plana mayor de la Base Naval tenía estrecha relación con la subzona militar 15 gobernada por el Ejército con asiento en el ADA 601 y comandada por el teniente coronel Pedro Barda, quien debía estar sentado en el banquillo de los acusados de este juicio, pero una enfermedad mental degenerativa le impide defenderse.
Según el fiscal Adler, es imposible que el jefe de Inteligencia de la subzona militar 15 desconociera la existencia de la Fuerza de Tareas 6. “Ambas fuerzas actuaban en coordinación para el secuestro, la tortura y la desaparición de los prisioneros”, aseguró el funcionario judicial.
Ni Barda ni su jefe de Inteligencia, el general de brigada Alfredo Arrillaga desconocían lo que ocurría en la Base Naval. Los planes para combatir la subversión ideados por las distintas fuerzas armadas son prueba para este juicio. En cada uno de ellos se mencionan las funciones dentro del aparato represivo de los integrantes de cada fuerza, según su jerarquía.
El fiscal recordó que el informe de inteligencia Naval acerca de Liliana Retegui, secuestrada en septiembre de 1976 y alojada en la Base Naval, había sido enviado al Ejército. “El Ejército y la Armada estaban conectados en la denominada lucha contra la subversión. El rédito era siempre del Ejército. La responsabilidad primaria era del Ejército. La información a la prensa sobre operativos realizados por la Marina, llegaban a los medios de comunicación a través del Ejército, responsable de la subzona militar 15”, ilustró Adler
La responsabilidad de Arrillaga
Como jefe de Operaciones, el rol de Arrillaga en la persecución y eliminación de opositores políticos era fundamental. Tenía la función de dar órdenes claras para que nada quedara librado a la interpretación de sus subordinados. Para el fiscal Adler, tiene una participación protagónica en los hechos que se juzgan.
Alguna vez, su superior Pedro Barda –jefe de la represión en la ciudad y la zona-, lo calificó como “un fiel interprete de las órdenes de su jefe en las operaciones a planear”.
Para la Fiscalía, Arrillaga es responsable del secuestro y las torturas sufridas por Luis Regine, un hombre que fue detenido la madrugada del 24 de marzo porque lo confundieron con el sindicalista Diego Ibáñez. La detención de los sindicalistas apenas comenzara el golpe de Estado era responsabilidad del Ejército.
Adler también responsabiliza a Arrillaga del secuestro, torturas y homicidio del matrimonio de Raúl Bourg y Alicia Rodríguez. Su detención se dio en el marco del “operativo Escoba”, una acción de las fuerzas Armadas para desmantelar al PCML (Partido Comunista Marxista Leninista).
Al día siguiente del secuestro del matrimonio es detenido Saturnino Iani, capataz del campo de los Bourg e integrante del PCML. El cuerpo de Iani fue hallado en 2007 en una tumba NN. Desde la Subzona 15 ordenan ese y otros entierros NN de militantes del PCML.Para la fiscalía, Arrillaga no podía desconocer estos secuestros, muertes y entierros siendo el jefe de operaciones.
El capitán de navío Ortiz
El septiembre de 1976 cuando fueron secuestradas las estudiantes Patricia Lazeri, Liliana Retegui, Liliana Iorio Nancy Carricabur y Estela Marís Nicúez y el matrimonio de Omar Roldán y Delia Garaguzzo, Justo Ignacio Ortiz era el jefe de la Fuerza de Tareas 6. Su legajo indica que era el comandante del grupo que perseguía y eliminaba opositores políticos.
Para el fiscal, Ortiz tuvo un rol fundamental en los hechos investigados en este juicio. “Nada pudo haber ocurrido a espaldas del segundo jefe de la Base Naval, explicó Adler.
Un testigo, que fue odontólogo y oficial de la Marina recordó que Ortiz tenía pleno conocimiento de la existencia de detenidos desaparecidos dentro de la Base Naval. Incluso una vez fue sancionado por Ortiz porque había hablado con alguien acerca de los detenidos.
Otro testigo, el periodista Luís María Muñoz que hacía la colimba en la Base Naval en aquel entonces dijo que escuchó a Ortiz decir que los primeros pasos del golpe de Estado se habían dado muy bien. Horas antes de ese comentario, Muñoz había visto personas encapuchadas y maniatadas debajo de un pino a pocos metros del comedor de oficiales.
El testimonio de otro conscripto aseguró que los detenidos desaparecidos, durabte las primeras horas del golpe de Estado habían sido puestos boca abajo sobre un pasillo dentro del edificio principal de la Base Naval, estaban a pocos metros de la oficina de Ortiz.
Las mentiras de Pertusio
Cuando se produjo el golpe de Estado de marzo de 1976, Roberto Luis Pertusio era capitán de Fragata, un cargo inferior inmediato que el entonces jefe de la Base Naval, Juan Carlos Malugani. Al igual que Ortiz integró el la Fuerza de Tareas 6 para combatir a los opositores políticos.
El fiscal Adler aseguró que el imputado Pertusio, hoy contralmirante, mintió cuando dijo ante el tribunal que desconocía la existencia de detenidos desaparecidos en la Base Naval, que no sabía nada acerca de los interrogatorios bajo tortura y que tampoco supo del destino final de los secuestrados.
Adler argumentó que Pertusio fue interventor político de la municipalidad de Miramar, de ninguna manera podía desconocer lo que negó ante el tribunal.
Como director de la Escuela de Submarinos integró la Fuerza de Tareas 6 y se convirtió en jefe de personal del grupo operativo. Según el Placintara, Pertusio como jefe de personal, era el encargado de la movilización de tropas para los operativos de secuestro de opositores políticos.
Para la fiscalía, Pertusio también fue el responsable del saqueo de bienes del matrimonio Roldán Garaguzzo. Tenía pleno conocimiento del operativo que volvió a la casa del matrimonio para llevarse sus pertenencias. Por tal motivo le imputa, también, el delito de robo agravado por el uso de arma en poblado y en banda.
Luego de más de cinco horas de alegatos, la Fiscalía solicitó al tribunal que condene a los tres imputados a prisión perpetúa por los delitos coautores de privación ilegitima de la libertad agravada por mediar violencia; aplicación de tormentos agravada por tratarse de perseguido políticos y homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o mas personas.
Por último solicitó la revocación del arresto domiciliario del que gozan los acusados y de ser condenados se los traslade al penal de Marcos Paz.

La responsabilidad histórica
La abogada querellante Gloria León que representa a las familias de las estudiantes desaparecidas Liliana Retegui, Liliana Iorio y Patricia Lazeri, abrió ayer la jornada de alegatos.
León dijo que estos juicios habían tardado “demasiados años” y que había actores que habían muerto sin ver que se hizo justicia. Pero no obstante, aseguró que desde Mar del Plata se está dando un mensaje: “Estamos impidiendo uno de los objetivos del plan sistemático de exterminio: lograr la impunidad de quienes cometieron aquellos crímenes”.
La abogada aseguró que la genesis de la violencia que se vivió a partir del 24 de marzo de 1976, tiene su origen en los bombardeos a la Plaza de Mayo de junio del ’55. Allí, las Fuerzas Armadas fueron el brazo ejecutor de una clase dominante que quería subvertir el orden establecido por el gobierno de Juan Perón. “Fue el primer ataque contra los sectores populares”, entendió León.
Con el golpe del 24 de marzo de 1976, la abogada aseguró que volvió a ocurrir lo mismo. “Las fuerzas armadas se ponen al servicio de una clase dominante que intenta imponer su modelo político y económico”, concluyó.
Los imputados de este juicio fueron parte de ese plan sistemático que consistió en la persecución y eliminación de los opositores políticos. León aseguró que “es mentira que hubo un terror del Estado que se levantó contra otro terror que intentó agredir los cimientos de la patria. Es falso, la dictadura tomó como pretexto aquella idea para aniquilar la oposición política”, argumentó la abogada.
León afirmó que a través de la prueba testimonial y documental presentada durante las jornadas de juicio quedó comprobada la responsabilidad de los tres imputados en el secuestro de las estudiantes de la pensión de la calle Don Bosco 865. También está probada la responsabilidad en la aplicación de tormentos de las cinco jóvenes. Y por último, Pertusio, Ortiz y Arrillaga son responsables de los homicidios de Lazeri, Iorio y Retegui.
La abogada solicitó al penal de reclusión perpetúa y la revocación del arresto domiciliario. León terminó su alegato diciendo que “tenemos la verdad, tenemos la memoría y ustedes, señores jueces, tienen la responsabilidad histórica de hacer justicia”.


Por Federico Desántolo.

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