jueves, 23 de diciembre de 2010

LAS VOCES DESPUÉS DE LA SENTENCIA


“La verdad es inapelable
Mónica Roldán recordó a su hermano Tristán Roldán y a su cuñada de Delía Garaguzzo, secuestrados por la Armada y desaparecidos en la Base Naval.


Después del día que tuvo que prestar declaración como testigo por el secuestro y la desaparición de su hermano y su cuñada, Mónica Roldán no faltó a ninguna audiencia. Ayer guardaba una foto de sus familiares para poder levantarla apenas finalizara la lectura del fallo. Los fotógrafos y camarógrafos la abarajaron a la salida del tribunal y mostró otra vez la foto. Se reía y lloraba, después de 34 años sintió justicia.

Mónica, Juan Bourg –hijo de Raúl y Alicia Rodríguez- y María Luisa “Marucha” Riva, Madre de Plaza de Mayo línea Fundadora improvisaron algunas palabras ante los periodistas y el centenar de personas que habían esperado en la calle la condena de los tres militares.
“Marucha” Riva fue la primera en tomar el micrófono. “Hemos conseguido algo de lo que teníamos que conseguir pero vamos por más”, dijo la representante de Madres de Plaza de Mayo. De inmediato celebró el fallo del tribunal y aseguró que “es bueno saber que estos canallas y asesinos que se ensañaron con nuestros hijos y cometieron crímenes inimaginables para un ser humano estén presos”.
Los padres de Juan Bourg fueron secuestrados en septiembre de 1977 y todavía permanecen desaparecidos. Por esos crímenes fue condenado el general de brigada Alfredo Arrillaga.
Juan, muy emocionado, destacó el papel fundamental de las Madres de Plaza de Mayo que “luchan cada día para que después de tantos años todavía haya justicia”. También tuvo palabras para una “gran parte del pueblo argentino” que “ya condenó socialmente a estos genocidas”.
Bourg se mostró muy conmovido por el fallo del tribunal oral federal 1 y aseguró que todavía le cuesta creer lo que se logró después de tantos años.
Por último se escucharon las palabras de Mónica Roldán, quien recordó a Carlos Labolita, el militante peronista secuestrado y desaparecido en Las Flores. Sucede que el mismo tribunal con excepción de Jorge Michelli, absolvió en 2009 al teniente coronel Duret acusado de la desaparición de Labolita y entre los familiares flotaba la idea de que pudiera pasar lo mismo.
Mónica recordó ayer a Labolita y a todas las víctimas que aún esperan justicia. Aseguró que la verdad es inapelable y contra eso no hay nada que hacer.
Frente a todas las personas que la escuchaban, Roldán evocó el último día que vio a su cuñada, aún desaparecida. Recordó que ese día Delia le dijo que estaba embrazada de tres meses y que sería tía. “Estaba fresco y yo le presté mi abrigo y la vi irse por el pasillo de paredes rojas que había en mi casa. La última imagen es ella yéndose dándome la espalda. Ahora la veo volver por ese mismo pasillo, caminando hacía mi. Vuelve porque hay justicia”, contó Mónica.
Por último, Mónica se preguntó por ese sobrino o sobrina, un hombre o una mujer de 34 años que puede estar en cualquier lugar sin saber cual es su verdadera identidad.


“Este fallo produce un cambio en al Justicia”

El abogado Alejo ramos Padilla, querellante en representación de la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense destacó la importancia de la condena contra los integrantes de la Armada.
“Por primera vez se condena a marinos por crímenes de lesa humanidad. Esto nos da la pauta que ya no hay complicidad que podemos ir por todos los genocidas”, explicó Ramos Padilla.
Con respecto al resultado, el querellante, aseguró que estaba convencido de las pruebas que se habían presentado y de la responsabilidad de los imputados. “Este fallo produce un cambio en la Justicia. Nos demuestra que la complicidad de los años ’90 se terminó y que estos jueces de la democracia no están subordinados al poder”.



“Las familias tuvieron justicia”

El fiscal Daniel Adler respiró con el alivio de saber la tarea cumplida. Después de cuatro meses de audiencias, los tres imputados fueron condenados. Ahora sentado en su oficina reflexiona: “Es un veredicto muy importante para la sociedad. Las familias tuvieron justicia”.
Desde el punto de vista de Adler fue un juicio ejemplar donde la cantidad de prueba presentada por las querellas fue contundente y en el cual las defensas pudieron ejercer su trabajo sin problemas. Además aseguró que se pudo determinar la interrelación entre el Ejército y la Armada dentro del aparato represivo que actuó en Mar del Plata.
Por último se refirió a los jueces y dijo que “no importa quienes son los magistrados sino que “son jueces elegidos por la democracia y que deben ajustarse a derecho”

Por Federico Desántolo

martes, 21 de diciembre de 2010

PRISIÓN PERPETUA

El capitán de navío Justo Ignacio Ortiz, su camarada de armas el contralmirante Roberto Luis Pertusio y el general de brigada del Ejército Alfredo Manuel Arrillaga fueron sentenciados a prisión perpetúa por crímenes de lesa humanidad cometidos guante la última dictadura cívico militar.


Dos miembros de la Armada Argentina y uno del Ejército fueron condenados ayer a prisión perpetúa por crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención (CCD) que funcionó en la Base Naval local. Por primera vez la justicia condenó a dos marinos por violaciones a los derechos humanos. Con este fallo, se da por comprobado que en Mar del Plata, el Ejército y la Armada actuaron interrelacionados para imponer el terror. En febrero se conocerá si los culpables purgan castigo en una cárcel común o continúan bajo prisión domiciliaria.
El general de brigada Alfredo Arrillaga, el capitán de navío Justo Ignacio Ortiz y el contralmirante Roberto Luis Pertusio fueron condenados a prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua por considerarlos coautores penalmente responsables de los delitos de privación ilegitima de la libertad agravada por mediar violencia; imposición de tormentos agravada por tratarse de perseguidos políticos y homicidio calificado en concurso premeditado de dos o más personas. Los tres militares fueron juzgados en el marco de los crímenes cometidos en la Base Naval local donde funcionó un centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico militar.

La voz del presidente del tribunal, Nelson Jarazo, sorprendió a los periodistas que esperaban para poder entrar a la sala de audiencias. Alrededor de las 14, se escuchó el fallo. El centenar de personas que esperaba sobre la avenida Luro se amontonó, a pesar del calor, alrededor del altoparlante que traía el sonido del interior de la sala. Primero fue el turno del contralmirante Pertusio condenado por el secuestro, las torturas, el homicidio y el hurto agravado perpetrado contra Tristán Roldán y Delía Garaguzzo, desaparecidos en septiembre de 1976.
Durante el operativo, el grupo de tareas ingresó a los tiros al departamento de la pareja. Garaguzzo, quien estaba embarazada de tres meses, fue herida en una pierna. La hermana de Roldán aún busca a su sobrina o sobrino.
Dentro de la sala de audiencia, alrededor de la voz del juez Jarazo todo era silencio. Afuera, familiares, sobrevivientes y militares de distintas organizaciones políticas y sociales aplaudieron, gritaron y cantaron después de cada condena.
En segundo lugar se leyó la condena al capitán de navío Justo Ignacio Ortiz. El marino fue subjefe de la Base Naval desde febrero de 1975 hasta 1977. Fue jefe del Departamento de Defensa y jefe del grupo de Operaciones. Nada de lo que ocurriera en la Base Naval, por aquellos años, le era ajeno.
La voz del presidente del tribunal, sentenció prisión perpetúa por el secuestro, las torturas y el homicidio de Liliana Retegui, Patricia Lazeri, Liliana Iorio, Tristán Roldán y Delia Garaguzzo. Además se le imputó el secuestro y las torturas a Luis Salvador Regine, Stella Marís Nucúez y Nancy Ethel Carricabur, cuatro sobrevivientes del CCD que funcionó en la Base Naval.
Dos horas antes, Ortiz había hecho uso del derecho a decir las últimas palabras y se había declarado inocente de todos los cargos que se le imputaban.
Adentro continuaba el silencio, mientras que afuera todo se mezclaba: los bombos con los aplausos y los cantitos con el llanto.
Tal vez, el momento más esperado fue el fallo contra el capitán de brigada Alfredo Manuel Arrillaga. Su condena demuestra que el Ejército y la Armada actuaron interrelacionados en los operativos de secuestros, torturas y desaparición.
Como jefe de Operaciones de la subzona militar XV, que comandaba todo el aparato represivo en Mar del Plata y la zona, Arrillaga no podía desconocer lo que ocurría en los centros clandestinos que funcionaban en la ciudad. Al igual que Ortiz y Pertusio, como autores mediatos de los crímenes que se juzgan, sus órdenes definían la suerte que corrían los perseguidos políticos.
El silencio también se adueñó de la calle, hasta que se escuchó el fallo por Arrillaga. Allí, el sentimiento de justicia fue completo. El general de brigada fue condenado por el secuestro, las torturas y el homicidio de Raúl Bourg y por el secuestro y homicidio de Alicia Rodríguez de Bourg, ambos secuestrados en septiembre de 1977.
Por el último el tribunal decidió absolver a Arrillaga por el secuestro y las torturas sufridas por Salvador Regine y de las torturas contra Alicia Rodríguez de Bourg.
El abogado querellante, Cesar Sivo destacó que por primera vez la justicia condenó a dos miembros de la Armada Argentina por violaciones a los derechos humanos. Seguramente la lista de marinos se engrosará cuando el juicio por los crímenes cometidos en la Escuela Suboficiales de Mecánica de la Armada (Esma) llegue a su fin.
Ortiz, Pertusio y Arrillaga tuvieron que correr para ingresar al camión del Servicio Penitenciario Federal, mientras una lluvia de huevos e insultos le caía encima. Los aplausos, que llegaban desde el interior de la sala de audiencias -a través del parlante-, se mezclaron con la alegría de afuera y ya no hubo silencio.



Por federico Desántolo

viernes, 10 de diciembre de 2010

El proximo martes 21 de diciembre a las 10hs, se conocera el veredicto.
Pidieron la absolución de los imputados



Los abogados de Arrillaga, Pertusio y Ortiz aseguraron que no hay elementos que prueben que los acusados hayan cometido los delitos que se le imputan. El fallo se conocerá el martes 21 de diciembre.


Los tres defensores coincidieron en sus posturas: aseguraron que los hechos que se investigan ocurrieron, pero negaron que hayan sido sus defendidos los culpables de esos crímenes. Durante sus alegatos desacreditaron el testimonio de algunos testigos, y en algunos casos responsabilizaron a la otra fuerza: los defensores de los marinos señalaron al Ejército y viceversa.
La audiencia debía comenzar a las 10.30, pero un planteo inesperado de nulidad de los alegatos de las querellas, hecho por el abogado defensor del general Alfredo Arrillaga dilató los alegatos hasta las 14.30 aproximadamente.
Los defensores del contralmirante Luis Pertusio y el capitán de navío Justo Ignacio Ortiz comenzaron la jornada de alegatos. En primer lugar lo hizo la abogada Paula Muniagurria quien argumentó sobre el caso del matrimonio compuesto por Omar Roldán y Delia Garaguzzo, secuestrados en 19 de septiembre de 1976. Ella estaba embarazada de 3 meses y todavía continúan desaparecidos.
Muniagurria no cuestionó que el secuestro, las torturas y los homicidios de Roldán y Garaguzzo hayan ocurrido. No obstante aseguró que no hay pruebas que permitan establecer el lugar ni el espacio en que esos delitos ocurrieron. Para la defensora no hay elementos que acrediten que esos delitos se cometieron en el edificio de buzos tácticos emplazado en el predio de la Base Naval, como aseguran las querellas.
La defensora oficial de los marinos imputados argumentó que sólo se tratan de conjeturas, pero “no hay datos concretos que establezcan que el matrimonio estuvo en la Base Naval”.
Así durante su alocución Muniagurria se dedicó a derribar las pruebas enumeradas por las querellas en sus alegatos. Con respecto a la carta dirigida a los padres de Roldán firmada por el imputado Pertusio y en la cual la Armada reconocía haber saqueado el departamento del matrimonio, la defensora aseguró que el contenido de la misiva corría por cuenta del contralmirante Juan Carlos Malugani, superior de Pertusio y hoy fallecido.
Con respecto a Ortiz, señalado por la querella como el jefe de operaciones de la Base Naval y, por ende, al tanto de todo lo que allí ocurría, Muniagurria aseguró que su defendido solo se ocupaba que la “fuerza sea operativa”, pero que no tenía ingerencia en el resto de las fuerzas independientes emplazadas en el predio de la Base Naval. La defensora aseguró que su cliente no tenía imperio sobre el resto de las fuerzas y tampoco tenía porque saber que ocurría en los edificios de cada una de esas fuerzas.
Tampoco acreditó que el contralmirante Pertusio pudiera estar a cargo de la Fuerza de Tareas 6, encargada de la supuesta lucha contra la subversión”, ya que –según la abogada-, por aquel entonces el imputado tenía un sin fin de obligaciones que le impedían realizar unja sola tarea “full time”.
Tras intentar desacreditar cada una de las pruebas presentadas por la querella, Muniagurria pidió la absolución de Ortiz y Pertusio en el caso Roldán – Garaguzzo.
Después de Muniagurria, fue el turno del defensor oficial Daniel Vázquez que también representa a Ortiz y Pertusio. El abogado se refirió a los casos del secuestro de Luis Salvador Regine, secuestrado el 24 de marzo, torturado y finalmente liberado. Según la causa, el grupo de tareas lo había confundido con el sindicalista Diego Ibáñez. También se refirió al secuestro, torturas y homicidios de Liliana Iorio, Liliana Retegui y Patricia Lazeri, y al secuestro y torturas contra Nancy Carricabur y Estela María Nicuez.
En la misma tesitura que su colega, Vázquez no dio por acreditado que ninguno de los casos haya sido cometidos por la Armada –en ese caso podría haber actuado el Ejército-, ni que tampoco hayan sido alojadas en la Base Naval –podría haber sido ADA 601 o Villa Joyosa, ambas reparticiones del Ejército-, y tampoco que tales delitos hayan sido cometidos por sus defendidos.
Para Velásquez, al estructura de mando de la Armada no permitía que Ortiz pudiera dar ordenes para que se realizara tal o cual operativo. Intentó desacreditar los testimonios de ex oficiales y conscriptos que vieron detenidos en la base naval y que testimoniaron que Ortiz sabía de los detenidos.
Sin tener en cuenta la forma en que se realizaban los secuestros y las condiciones de cautiverio de los detenidos: todo se realizaba en la más absoluta clandestinidad, los detenidos no tenían que saber donde iban ni donde estaban ni quienes le hacían padecer, Vázquez arguemntó que no existen pruebas concretas que señalen la culpabilidad de sus representados y solicitó la absolución.
Por último, el abogado Carlos Meira, defensor del general de brigada Alfredo Arrillaga, solicitó la absolución de su cliente. Al igual que el resto de los defensores aseguró que no existen pruebas contra sus clientes en los casos que se le imputan.
Además intentó demostrar que su cliente comenzó a ser señalado como un criminal, luego de su actuación en el conflicto del cuartel de La Tablada. Arrillaga fue uno de los militares que dirigió el operativo de “recuperación” del cuartel tomado por militantes del Movimiento Todos por la Patria. Durante esa acción militar se denunciaron fusilamientos y torturas de prisioneros.
Meira aseguró que su cliente nunca fue mencionado por ningún organismo de derechos humanos como un posible violador de los derechos humanos durante la última dictadura. En cuanto a los casos que le imputan en este juicio aseguró que no hay pruebas en su contra, por lo tanto solicitó la absolución de su cliente.
Alrededor de las 20, el tribunal dio por terminada la audiencia y anunció que el fallo se conocerá el próximo martes 21 de diciembre.


Sin nulidad y sin sanción

Apenas comenzó la audiencia, el abogado Carlos Meira sorprendió al solicitar la anulación de los alegatos de las querellas por considerar que habían violado el principio de oralidad, al leer su argumentación. Según Meira, la lectura de los alegatos por parte de las querellas atentó contra el proceso oral y público, según lo marca el Código Procesal.
Desde la querella, la respuesta no se hizo esperara. Todos los querellantes sostuvieron que el pedido del defensor no tenía lugar por considerar que Meira violaba el principio de buena fe procesal. También le hicieron notara que su solicitud estaba fuera de tiempo porque el código procesal indica que un pedido de nulidad debe hacerse de forma inmediata y no una semana después.
El abogado Cesar Sivo solicitó una sanción para el abogado defensor por atentar contra la lealtad procesal y la buena fe que debe regir a los operados jurídicos. Finalmente el tribunal no dio lugar a ninguna de los requerimientos. Sin nulidad y sin sanción.

Por Federico Desántolo

martes, 7 de diciembre de 2010

Jueves 9 - 10:30hs, alegatos de los defensores Dr H. Meiras(Arrillaga), D.Vazquez (Ortiz) y P. Muniagurria(Pertusio). La proxima semana podría ser la sentencia!!!


Penas Maximas para los tres imputados

El fiscal federal general Daniel Adler solicitó prisión perpetúa por considerar a los imputados culpables de los delitos de privación ilegitima de la libertad agravada, aplicación de tormentos agravados y homicidio calificado
“La responsabilidad de los imputados es la misma que tuvieron aquellos que se mancharon las manos con sangre”, afirmó el fiscal Daniel Adler. El representante del Ministerio Público solicitó la pena de prisión perpetúa para los tres militares por considerarlos coautores de secuestros torturas y homicidios contra perseguidos políticos durante la última dictadura cívico militar.
El fiscal Adler fue el último en alegar ayer, en una jornada maratónica en el Tribunal Oral Federal 1, donde se juzga a tres militares –uno del Ejército y dos marinos-, por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en la Base Naval local.
Lo primero que hizo el fiscal fue argumentar la responsabilidad del general de brigada Alfredo Arrillaga, del capitán de navío Justo Ignacio Ortiz y del contralmirante Roberto Luís Pertusio en los delitos que se le imputan. Los tres militares están acusados de privación ilegitima de la libertad agravada por mediar violencia, aplicación de tormentos agravados por tratarse, las víctimas, de perseguidos políticos y homicidio calificado en concurso premeditado de dos o más personas.
Según Adler los tres imputados formaban parte de una estructura de poder que tenía por objetivo perseguir y aniquilar a los opositores políticos. En tales circunstancias “un llamado por teléfono o una simple orden” alcanzaba para secuestrar torturar o desparecer a una persona. “Los tres imputados son coautores de los delitos que se le imputan porque formaban parte de del mecanismo de la lucha ilegal contra la llamada subversión”, explicó el fiscal.
La tortura desde París
La Fiscalía demostró que la conducta de los tres imputados formaba parte de un plan ideado desde el Estado asaltado por las Fuerzas Armadas para librar la denominada “lucha contra la subversión”.Así explicó los alcances del Placintara –Plan de Contrainsurgencia de la Armada de la República Argentina-, creado en 1975.
Adler demostró que en ninguno de sus puntos el Placintara mencionaba la tortura ni la desaparición de las personas. Pero el manual escrito fue complementado con órdenes verbales que si autorizaban la tortura para conseguir información, la ilegalidad y la eliminación de los opositores al régimen. El fiscal recordó el testimonio del oficial Sosa Amaya que n 1975 revestía en la Base Naval un mes antes del golpe de Estado de marzo de 1976 concurrió a una reunión de oficiales en Puerto Belgrano. Allí el jefe de del Plan de Operaciones, el contralmirante José María Mendía arengó a la oficialidad y los advirtió sobre una “guerra” que se libraba contra todos los elementos que atentaran contra los valores occidentales y cristianos.
Los oficiales reunidos en la base naval de Puerto Belgrano, fueron llevados al cine donde se proyectó al película la Batalla de Argelia. Según el fiscal, el film muestra como el ejército francés combatió al Frente de Liberación Nacional de Argelia con secuestros y torturas. “La película de Gillo Pontecorvo adoctrinó a no menos de 900 oficiales para la ‘lucha contra la subversión’. La tortura venía bendecida desde París”, concluyó Daniel Adler.
La relación del Ejército y la Armada
El Placintara estipulaba la creación de Fuerzas de Tareas con asiento en las distintas reparticiones de la Armada, su objetivo era la represión de la “subversión”. En Mar del Plata funcionó la Fuerza de Tareas 6.
El grupo compuesto por la plana mayor de la Base Naval tenía estrecha relación con la subzona militar 15 gobernada por el Ejército con asiento en el ADA 601 y comandada por el teniente coronel Pedro Barda, quien debía estar sentado en el banquillo de los acusados de este juicio, pero una enfermedad mental degenerativa le impide defenderse.
Según el fiscal Adler, es imposible que el jefe de Inteligencia de la subzona militar 15 desconociera la existencia de la Fuerza de Tareas 6. “Ambas fuerzas actuaban en coordinación para el secuestro, la tortura y la desaparición de los prisioneros”, aseguró el funcionario judicial.
Ni Barda ni su jefe de Inteligencia, el general de brigada Alfredo Arrillaga desconocían lo que ocurría en la Base Naval. Los planes para combatir la subversión ideados por las distintas fuerzas armadas son prueba para este juicio. En cada uno de ellos se mencionan las funciones dentro del aparato represivo de los integrantes de cada fuerza, según su jerarquía.
El fiscal recordó que el informe de inteligencia Naval acerca de Liliana Retegui, secuestrada en septiembre de 1976 y alojada en la Base Naval, había sido enviado al Ejército. “El Ejército y la Armada estaban conectados en la denominada lucha contra la subversión. El rédito era siempre del Ejército. La responsabilidad primaria era del Ejército. La información a la prensa sobre operativos realizados por la Marina, llegaban a los medios de comunicación a través del Ejército, responsable de la subzona militar 15”, ilustró Adler
La responsabilidad de Arrillaga
Como jefe de Operaciones, el rol de Arrillaga en la persecución y eliminación de opositores políticos era fundamental. Tenía la función de dar órdenes claras para que nada quedara librado a la interpretación de sus subordinados. Para el fiscal Adler, tiene una participación protagónica en los hechos que se juzgan.
Alguna vez, su superior Pedro Barda –jefe de la represión en la ciudad y la zona-, lo calificó como “un fiel interprete de las órdenes de su jefe en las operaciones a planear”.
Para la Fiscalía, Arrillaga es responsable del secuestro y las torturas sufridas por Luis Regine, un hombre que fue detenido la madrugada del 24 de marzo porque lo confundieron con el sindicalista Diego Ibáñez. La detención de los sindicalistas apenas comenzara el golpe de Estado era responsabilidad del Ejército.
Adler también responsabiliza a Arrillaga del secuestro, torturas y homicidio del matrimonio de Raúl Bourg y Alicia Rodríguez. Su detención se dio en el marco del “operativo Escoba”, una acción de las fuerzas Armadas para desmantelar al PCML (Partido Comunista Marxista Leninista).
Al día siguiente del secuestro del matrimonio es detenido Saturnino Iani, capataz del campo de los Bourg e integrante del PCML. El cuerpo de Iani fue hallado en 2007 en una tumba NN. Desde la Subzona 15 ordenan ese y otros entierros NN de militantes del PCML.Para la fiscalía, Arrillaga no podía desconocer estos secuestros, muertes y entierros siendo el jefe de operaciones.
El capitán de navío Ortiz
El septiembre de 1976 cuando fueron secuestradas las estudiantes Patricia Lazeri, Liliana Retegui, Liliana Iorio Nancy Carricabur y Estela Marís Nicúez y el matrimonio de Omar Roldán y Delia Garaguzzo, Justo Ignacio Ortiz era el jefe de la Fuerza de Tareas 6. Su legajo indica que era el comandante del grupo que perseguía y eliminaba opositores políticos.
Para el fiscal, Ortiz tuvo un rol fundamental en los hechos investigados en este juicio. “Nada pudo haber ocurrido a espaldas del segundo jefe de la Base Naval, explicó Adler.
Un testigo, que fue odontólogo y oficial de la Marina recordó que Ortiz tenía pleno conocimiento de la existencia de detenidos desaparecidos dentro de la Base Naval. Incluso una vez fue sancionado por Ortiz porque había hablado con alguien acerca de los detenidos.
Otro testigo, el periodista Luís María Muñoz que hacía la colimba en la Base Naval en aquel entonces dijo que escuchó a Ortiz decir que los primeros pasos del golpe de Estado se habían dado muy bien. Horas antes de ese comentario, Muñoz había visto personas encapuchadas y maniatadas debajo de un pino a pocos metros del comedor de oficiales.
El testimonio de otro conscripto aseguró que los detenidos desaparecidos, durabte las primeras horas del golpe de Estado habían sido puestos boca abajo sobre un pasillo dentro del edificio principal de la Base Naval, estaban a pocos metros de la oficina de Ortiz.
Las mentiras de Pertusio
Cuando se produjo el golpe de Estado de marzo de 1976, Roberto Luis Pertusio era capitán de Fragata, un cargo inferior inmediato que el entonces jefe de la Base Naval, Juan Carlos Malugani. Al igual que Ortiz integró el la Fuerza de Tareas 6 para combatir a los opositores políticos.
El fiscal Adler aseguró que el imputado Pertusio, hoy contralmirante, mintió cuando dijo ante el tribunal que desconocía la existencia de detenidos desaparecidos en la Base Naval, que no sabía nada acerca de los interrogatorios bajo tortura y que tampoco supo del destino final de los secuestrados.
Adler argumentó que Pertusio fue interventor político de la municipalidad de Miramar, de ninguna manera podía desconocer lo que negó ante el tribunal.
Como director de la Escuela de Submarinos integró la Fuerza de Tareas 6 y se convirtió en jefe de personal del grupo operativo. Según el Placintara, Pertusio como jefe de personal, era el encargado de la movilización de tropas para los operativos de secuestro de opositores políticos.
Para la fiscalía, Pertusio también fue el responsable del saqueo de bienes del matrimonio Roldán Garaguzzo. Tenía pleno conocimiento del operativo que volvió a la casa del matrimonio para llevarse sus pertenencias. Por tal motivo le imputa, también, el delito de robo agravado por el uso de arma en poblado y en banda.
Luego de más de cinco horas de alegatos, la Fiscalía solicitó al tribunal que condene a los tres imputados a prisión perpetúa por los delitos coautores de privación ilegitima de la libertad agravada por mediar violencia; aplicación de tormentos agravada por tratarse de perseguido políticos y homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o mas personas.
Por último solicitó la revocación del arresto domiciliario del que gozan los acusados y de ser condenados se los traslade al penal de Marcos Paz.

La responsabilidad histórica
La abogada querellante Gloria León que representa a las familias de las estudiantes desaparecidas Liliana Retegui, Liliana Iorio y Patricia Lazeri, abrió ayer la jornada de alegatos.
León dijo que estos juicios habían tardado “demasiados años” y que había actores que habían muerto sin ver que se hizo justicia. Pero no obstante, aseguró que desde Mar del Plata se está dando un mensaje: “Estamos impidiendo uno de los objetivos del plan sistemático de exterminio: lograr la impunidad de quienes cometieron aquellos crímenes”.
La abogada aseguró que la genesis de la violencia que se vivió a partir del 24 de marzo de 1976, tiene su origen en los bombardeos a la Plaza de Mayo de junio del ’55. Allí, las Fuerzas Armadas fueron el brazo ejecutor de una clase dominante que quería subvertir el orden establecido por el gobierno de Juan Perón. “Fue el primer ataque contra los sectores populares”, entendió León.
Con el golpe del 24 de marzo de 1976, la abogada aseguró que volvió a ocurrir lo mismo. “Las fuerzas armadas se ponen al servicio de una clase dominante que intenta imponer su modelo político y económico”, concluyó.
Los imputados de este juicio fueron parte de ese plan sistemático que consistió en la persecución y eliminación de los opositores políticos. León aseguró que “es mentira que hubo un terror del Estado que se levantó contra otro terror que intentó agredir los cimientos de la patria. Es falso, la dictadura tomó como pretexto aquella idea para aniquilar la oposición política”, argumentó la abogada.
León afirmó que a través de la prueba testimonial y documental presentada durante las jornadas de juicio quedó comprobada la responsabilidad de los tres imputados en el secuestro de las estudiantes de la pensión de la calle Don Bosco 865. También está probada la responsabilidad en la aplicación de tormentos de las cinco jóvenes. Y por último, Pertusio, Ortiz y Arrillaga son responsables de los homicidios de Lazeri, Iorio y Retegui.
La abogada solicitó al penal de reclusión perpetúa y la revocación del arresto domiciliario. León terminó su alegato diciendo que “tenemos la verdad, tenemos la memoría y ustedes, señores jueces, tienen la responsabilidad histórica de hacer justicia”.


Por Federico Desántolo.

jueves, 2 de diciembre de 2010

“Los jueces no pueden ser neutrales ante los crímenes de lesa humanidad”


El alegato de la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense, instó a que el sistema judicial esté a la altura de las circunstancias de un Estado democrático
“Si se consagra la impunidad de aquellos que cometieron los grandes crímenes se reciente el estado de derecho: jueces, abogados y fiscales. Si no se puede condenar a los grandes delincuentes qué autoridad tiene para condenar al ladrón de gallinas”. Alejo Ramos Padilla, abogado querellante por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires dedicó gran parte de su alegato a recalcar el compromiso que debe asumir la justicia de la democracia. Después de poco más de tres horas de argumentaciones, solicitó al tribunal, la pena de reclusión perpetúa por tiempo indeterminado en una cárcel de máxima seguridad para los tres militares imputados. Por último, pidieron la destitución de las Fuerzas Armadas o la sanción que se considere pertinente dentro del ámbito militar.
El abogado Alejo Ramos Padilla se hamacó una y otra vez sobre la silla. Por momentos giraba hacía el tribunal, en otros pasajes miraba al público y a los familiares de las víctimas; y en otros clavaba su mirada y su dedo acusador en los imputados, resguardados detrás de sus defensores.
Si Ramos Padilla consideró necesario instar al sistema judicial y a los jueces a que estén a la altura del estado de derecho para no repetir errores de antaño es porque en algunos momentos de la historia argentina la justicia estuvo muy por debajo de tales circunstancias.

El enano fascista del sistema judicial


Ramos Padilla comenzó su alegato con un recorrido histórico del sistema judicial ante los gobiernos de facto. Habló del “enano fascista” que anida en los hombres y en las instituciones y que permitió que el sistema judicial avalara “legalmente” desde el golpe de Estado de 1930 “el poder de facto de los criminales de Estado” en la Argentina.
Enseguida agregó que esa concepción ideológica aún persiste en entre los operadores jurídicos. “Son aquellos que aceptan los argumentos de los asesinos para garantizar la impunidad. Hablan de guerra sucia y subversión; de revanchismo por parte del gobierno de Cristina Fernández y de Néstor Kirchner anteriormente”, explicó Ramos Padilla.
El querellante también recordó que en 1984 se produjo un hecho histórico a nivel mundial, el juicio a la junta militar que usurpó el poder el 24 de marzo de 1976. Pero tres años después en 1987 el poder judicial convalidó las leyes del olvido y punto final. “Un poder judicial que no puede explicar como le cae con todo el peso de la ley al ladrón de gallinas y al mismo tiempo realiza construcciones complejas para garantizar la impunidad del terrorismo de Estado”, enfatizó el representante de la Secretaria de Derechos Humanos bonaerense.
Ramos Padilla instó al sistema judicial y a los jueces a no ser neutrales. Aseguró que el compromiso en estas causas diferencia a los jueces de la democracia de aquellos que prestaron servicios en la dictadura. “Unos garantizaron la impunidad y los otros aborrecen los delitos contra la humanidad”, concluyó.
El abogado aclaró que no se trata de una afrenta al Poder Judicial y tampoco al tribunal sino que se trata de distinguir los buenos de los malos. “No es lo mismo un fiscal federal acusado de crímenes de lesa humanidad que el fiscal Daniel Adler que impulsa los juicios por esos mismos crímenes”, ejemplificó Ramos Padilla. A continuación instó: “Los jueces de la democracia no pueden ser neutrales ante los crímenes de lesa humanidad”.


Subversión y clandestinidad
“La idea de clandestinidad impregnó todo lo que fue el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional”, dijo el abogado Ramos Padilla para encontrarle una explicación al accionar del Terrorismo de Estado. Aseguró que la clandestinidad les dio a los criminales la impunidad que gozaron durante más de 30 años.El término clandestinidad atravesó el régimen dictatorial. “Hubo centros clandestinos de detención, tumbas NN, cuerpos arrojados al mar, calcinados en el los fondos de alguna comisaría y fuerzas conjuntas que secuestraban. Ni siquiera decían a que fuerza pertenecían”, graficó la querella.
Ramos Padilla aseguró que sólo en ese marco de clandestinidad, “los cobardes” se animaron a las atrocidades. Esa clandestinidad les permitió en más de una oportunidad negar la existencia de desaparecidos o de los centros clandestino de detención. Para fortalecer su argumentación citó a Robert Jackson, juez que participó en los juicios de Nüremberg, que dijo que estos juicios debían hacerse para encontrar pruebas concretas y creíbles para explicar hechos increíbles, que los responsables negaban amparados en la clandestinidad y la impunidad.
La impunidad de la que lkos crimanles gozaron, la explicó en palabras del coronel Vaquero perteneciente al Ejército Argentino que dijo en 1984 a Clarín: “No se aceptará investigación alguna ni ahora ni en el futuro”.
Sobre la tan nombrada subversión, término con el que los criminales justificaron sus atrocidades. Padilla fue muy claro. Señaló a los imputados para decir que “los únicos subversivos en esta sala eran el coronel Alfredo Arrillaga, el capitán de navío Ignacio Justo Ortiz y el contralmirante Roberto Luis Pertusio, ellos subvirtieron el orden democrático para perseguir a los opositores políticos”.


Empresa criminal
Ramos Padilla aseguró que los tres imputados formaron parte de una empresa criminal que tuvo su asiento en Mar del Plata y cuya finalidad era la eliminación del opositor.
La querella dio por probado que el teniente coronel Alfredo Arrillaga era el jefe de operaciones de la Subzona de Seguridad Militar 15. Era uno de los cuatro jefes que garantizaban el funcionamiento del sistema de persecución y eliminación de opositores políticos. Su tarea junto con la del jefe del área de inteligencia era fundamental.
Según la querella de la Secretaria de Derechos Humanos bonaerense, Arrillaga tenía a su cargo los operativos del Ejército, de las fuerzas policiales bajo su órbita y las operaciones de las fuerzas conjuntas. El jefe de operaciones, según los documentos militares en la lucha contra la subversión, era el encargado de llevar adelante, coordinar y supervisar los operativos de secuestros.
Ramos Padilla dio por acreditado que el operativo de secuestro de Luis Regine fue dirigido por Arrillaga. Buscaban al sindicalista Diego Ibáñez y fueron a su supuesta casa pero, el dirigente petrolero ya no vivía ahí. Se llevaron al dueño de casa, lo tuvieron secuestrado, lo torturaron y luego cuando se dieron cuenta del error lo liberaron.
El abogado definió la empresa criminal montada por la dictadura en tres etapas. Una primera que incluía el secuestro y el traslado de detenidos. La segunda implicaba la privación ilegítima de la libertad y la tercera consistía en la eliminación o liberación de los opositores.
Si bien en algún momento la doctrina judicial indicó que el papel de Arrillaga podía ser considerado como coautor de los hechos ocurrido en la primera etapa y participe necesario en al segunda, Ramos Padilla afirmó que deberá ser juzgado como coautor en todas las etapas de la empresa criminal.
En cuanto al contralmirante Pertusio, la querella entendió que cumplía la misma función que Arrillaga pero en la Armada, en la Base Naval. Para Ramos Padilla está comprobado que el jefe de al escuela de submarinos en aquel entonces era el jefe del Grupo de Tareas 6, creado por la Armada para combatir la subversión. Así lo indica la declaración del ex jefe de la Base Naval en aquel entonces, contralmirante Malugani.


Pertusio al igual que Arrillaga coordinaba y supervisaba los operativos realizados por el grupo de tareas 6 que tenía bajo su órbita a integrantes de la Base Naval, de la Escuela de suboficiales de Infantería de Marina y de Prefectura Naval. El abogado explicó que tampoco podía desconocer la existencia de un centro clandestino de detención dentro de la Base Naval como pretendió instalar con su declaración ante el tribunal que lo juzga.
El capital de navío Justo Ignacio Ortiz tampoco podía desconocer que la Base Naval fuera un centro de detención. Era el número dos en jerarquía, el subjefe de la repartición.
Ramos Padilla recordó la declaración de un testigo, el odontólogo de la Base Naval que fue sancionado por Ortiz porque habría hablado de los detenidos que había en el lugar con una médica. Una clara demostración de que el subjefe de la base sabía de la existencia de detenidos desaparecidos.
Antes de solicitar la pena para cada uno de los imputados, Ramos Padilla habló de un proyecto de ley presentado en el Parlamento chileno para que los militares condenados por delitos de lesa humanidad fueran degradados y dejaran de percibir cualquier beneficio por parte del Estado. En la Argentina no existe tal ley pero si está permitida la destitución. Así, el abogado instó a que los imputados no sean nunca más llamados capitán de navío, coronel o contralmirante “porque deberían ser nombrados como secuestradores, subversivos, homicidas, traidores a la patria y torturadores”.
Padilla solicitó que de existir una condena, “se envíe la información necesaria a la ministra de Defensa Nilda Garré, para que la comandante en jefa de las Fuerzas Armadas sancione de la manera que corresponda a quienes deshonraron el uniforme y los símbolos patrios”.Una vez fundamentado la participación de cada uno de los imputados en los delitos que se les endilgan, Ramos Padilla pidió las penas correspondientes. Para los tres solicitó la pena de reclusión perpetúa por tiempo indeterminado en una cácel de máxima seguridad por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada, aplicación de tormentos agravados y homicidio calificado agravado mas costas legales e inhabilitación absoluta y embargo preventivo de sus haberes jubilatorios o pensiones recibidas. Por último, instó a los jueces que de existir un fallo condenatorio, los tres militares sean trasladados de inmediato a la cárcel de Marcos Paz.


Por Federico Desántolo.
Reclusión perpetua


La solicitud alcanza al ex general de brigada, Alfredo Manuel Arrillaga; al contralmirante, Roberto Luis Pertusio y al capitán de navío, Justo alberto Ignacio Ortiz por los delitos de lesa humanidad.
Reclusión perpetua, efectiva y en cárcel común fue el pedido central con el que concluyó el primero de los alegatos expuesto ayer por la querella representada por el doctor Sivo, en el juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar en la Base Naval local. El pedido alcanza al ex general de brigada, Alfredo Manuel Arrillaga; al contralmirante, Roberto Luis Pertusio y al capitán de navío, Justo Ignacio Ortiz.
La audiencia de inicio de alegatos suspendida el martes se inició ayer alrededor de las 11.30 con la exposición del doctor Sivo en representación de la APDH, una de las querellas. Con anterioridad, el tribunal compuesto por los doctores Nelson Jarazo, Alejandro Esmoris y Jorge Michelli, culminó con el proceso de incorporación de prueba para poder dar curso a la ronda de alegatos.
La exposición de la querella comenzó con una pertinente referencia a un texto titulado “Los límites del perdón”, de Simón Wiesenthal, en el que se analiza su experiencia personal como sobreviviente de un campo de concentración nazi. Según cuenta el autor, durante su cautiverio fue llevado ante un joven nazi que yacía en su lecho de muerte. Allí, quien había sido el dueño de su vida ensayó una especie de arrepentimiento respecto de los hechos atroces de los que había sido parte. Su intención: morir con el perdón de sus víctimas, encarnadas en ese momento en Wiesenthal. “Me mantuve en silencio mientras un joven nazi en su lecho de muerte me pedía que fuera su confesor”, explica el sobreviviente. Él no se sentía capaz de perdonar en nombre de los exterminados. ¿Quién sería capaz de hacerlo?, se pregunta.
El doctor Sivo tomó ese dilema ético respecto del perdón para demostrar que en el caso de los imputados ni siquiera existió durante el debate la más mínima señal de intentar redimirse. Ni la más mínima señal de tratar de obtener el perdón. Solamente callaron, mintieron u olvidaron según su conveniencia, según su necesidad de intentar extender la impunidad.
La apertura del alegato fue una muestra simbólica de lo sucedido durante los largos meses de audiencias con los imputados. También fue el trazado de los perfiles de los tres militares que están sentados en el banquillo: “Arrillaga, que se jactó públicamente de ser un soldado en la `lucha contra la subversión´, hoy desconoce de qué se trata”, recordó Sivo. También dedicó palabras para Pertusio relacionadas a sus “olvidos” selectivos. Para Ortiz, la sentencia fue contundente: “Siendo miembro del Opus Dei, religioso, ni siquiera siente la necesidad de decir perdón por todo lo que hice”.

CONTEXTO
El alegato de la querella hizo especial hincapié en la necesidad de contemplar los delitos por los que se acusa a los tres militares en el marco de un plan sistemático perpetrado desde la órbita del Estado y por lo tanto, bajo la lupa de la jurisprudencia relacionada con delitos de lesa humanidad.
Asimismo, puntualizaron en los roles específicos que cada una de las armas cumplieron en la denominada “lucha contra la subversión”. Este elemento, para nada anecdótico, sirvió para dejar en claro el por qué de la presencia como imputado en una causa por un Centro Clandestino de Detención de la Marina, de un alto mando del Ejército.
Según se expresó en el alegato, es central para comprender esto recurrir a la documentación producida desde los propios ámbitos castrenses sobre cómo se desplegó el plan sistemático de represión a lo largo y a lo ancho del país. Allí consta con claridad que es el Ejército el que tiene el control sobre el resto de las Fuerzas.
En este sentido, la adaptación de las normativas propias de la Marina a las del Ejército para compatibilizar los modus operandi se constituyen como prueba de esa interrelación.
De esta forma, la participación de Arrillaga en la plana mayor del ADA 601 dependiente de Pedro Barda, jefe de la subzona 15, en cada uno de los operativos de secuestro y desaparición, según expresó la querella, es inapelable.


ORTIZ
“Pedimos que se condene a Justo Ignacio Ortiz a la pena de reclusión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua por ser autor penalmente responsable de los delitos de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia o amenaza y por privación más de un mes e imposición de tormentos reiterada y agravada por haber sido cometida en perjuicio de perseguidos políticos”.
Durante 1976 Ortiz cumplió funciones como subjefe de la Base Naval Mar del Plata. De él dependían numerosos departamentos de funcionamiento de la repartición militar.
Era responsable de Adiestramiento, y como tal debía instruir a sus subordinados en las “tareas especiales”, entre las que se encuentran la llamada “lucha contra la subversión”.
También le correspondía fiscalizar las construcciones y reformas que se produjeran dentro de la Base. Esto lo coloca en un lugar donde no podía desconocer la construcción de instalaciones propias para los detenidos-desaparecidos que eran alojados, por ejemplo, en el edificio de Buzos Tácticos.
Por sus funciones, el área de Meteorología también estaba bajo su órbita. Allí los testimonios vertidos durante el debate señalan que se alojaban detenidos desaparecidos. Lo mismo respecto a Enfermería y Automotores.
Su función como mando en “la guerra contra la subversión” se desprende de una “mancha” en su legajo. Ortiz fue sancionado por haber perdido el manual de actuación Placintara. Ese con el que la Marina se adaptaba a los mecanismos propuestos por el Ejército para esta nueva función que la dictadura planteaba. La tenencia de ese material es prueba de su responsabilidad.
Con estos elementos -entre otros-, la querella dejó, a su criterio, acreditada la participación de Ortiz en los delitos que se le imputan.

PERTUSIO
“Pedimos que se condene a Roberto Luis Pertusio a la pena de reclusión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua por ser autor penalmente responsable de los delitos de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, privación ilegitima de la libertad agravada por mediar violencia o amenaza y por privación más de un mes e imposición de tormentos reiterada y agravada por ser haber sido cometida en perjuicio de perseguidos políticos y autor de robo agravado por haberse cometido en poblado y en banda”.
A lo largo de los meses que van de debate oral, Pertusio se mostró siempre entero. Desafiante desde su asiento, con su mirada penetrante -esa que recuerdan muchos de sus subordinados- sinónimo de su severidad.
Según expresó Sivo en la porción del alegato que le dedicó al marino especializado en estrategia naval, el concepto de Pertusio no es discutible: se trata de un hombre de una inteligencia por arriba de la media. Eso también se desprende de su legajo de servicio, incluso de su propio testimonio vertido en la sala semanas atrás.
“Sus propias calificaciones son las que deben ser tenidas en cuenta a la hora de condenarlo”, expresó la querella en referencia a la incongruencia de sus “omisiones” con su estricta memoria para otros elementos y, sobre todo, para su declaración parcial de las responsabilidades que le competían luego del golpe, ocultas en su declaración.
La documentación con la firma de Pertusio como jefe de la Fuerza de Tareas 6 -la cual comprendía a gran parte de los estamentos que componen la Base Naval- dan por sentada su participación en la “guerra contra la subversión” y en todos los métodos que de ella se desprenden según los reglamentos de la propias Fuerzas Armadas.
La desaparición forzada, la tortura y la muerte, en el caso de Pertusio, se complementaba con el robo. El vaciamiento de las viviendas de sus víctimas se constituyó en parte del plan sistemático y por eso también la querella consideró probada esta parte de la imputación.

ARRILLAGA
“Pedimos que se condene a Alfredo Manuel Arrillaga a la pena de reclusión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua por ser coautor de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia o amenaza y por privación más de un mes e imposición de tormentos reiterada y agravada por haber sido cometida en perjuicio de perseguidos políticos y además por ser también coautor, subsidiariamente partícipe necesario, de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas”.
En lo que respecta a la participación de Arrillaga en los delitos que se le imputan, la querella fue contundente al afirmar que debe pagar por todo delito de lesa humanidad ocurrido durante el periodo en el que el encartado formó parte de la plana mayor de la Subzona 15.
Su participación como responsable de Operaciones del Ejército lo coloca en un lugar de pleno conocimiento y acción en el desarrollo de los planes para la aplicación de la normativa militar vinculada a la “guerra contra la subversión”.
“El nivel de sus excusaciones es la intensidad de su acusación”, expresó Sivo al referirse a las palabras del acusado cuando expresó que él desconocía lo que sucedía en relación a “esos temas”.
No faltó en el alegato la referencia a la actuación de Arrillaga posdictadura. Sus propias palabras en el juicio contra los militantes del Movimiento Todos por la Patria luego del copamiento del cuartel de Tablada le fueron refrescadas. “A los subversivos hay que echarles fósforo como a las ratas”, habría dicho reconociendo el uso de bombas ilegales en el operativo que le tocó comandar en el 89.




PEDIDO DE NUEVAS CAUSAS
Concluida la argumentación del alegato realizado por el doctor César Sivo, la querella solicitó que se inicien nuevas caudas por múltiples delitos de lesa humanidad cometidos en el periodo de la presente causa para los tres imputados. Según se manifestó, durante el debate quedó probada la participación de los imputados no sólo en los delitos que se ventilan en este juicio, sino en gran parte de los que se produjeron en la época en la ciudad.
Asimismo, se pidió la apertura de una causa que tenga como imputada a la doctora Ana María Teodoriz como autora, por lo menos en grado de partícipe, en la privación ilegal de la libertad agravada, tormentos agravados, y homicidio doblemente calificado de Patricia Molinari y de Ana Rosa Frigerio; y de la privación de ilegal de la libertad agravada, tormentos agravados de una serie de víctimas de la última dictadura cívico militar.
También se solicitó la apertura de nuevas causas para miembros de la Marina que fueron apareciendo durante el debate como responsables de diversos operativos que terminaron con desapariciones de personas.
En relación al juez Pedro Federico Hooft, durante el debate surgió nueva prueba que lo vincula con los delitos de lesa humanidad cometidos en la época, por lo que la querella solicitó que se agregue a los expedientes pertinentes que lo tienen como imputado.


Por Juan Carra-

domingo, 28 de noviembre de 2010

En el día de hoy martes, fue suspendida la audiencia, despúes de esperar el público y la prensa por dos horas, el tribunal decidio pasar la lectura para mañana miércoles. Ya que falta recibir documentación de prueba.
ALEGATOS

Miércoles 1 a las 10,30hs : 1º querella Dra Leon; 2º querella APDH

Jueves 2 a las 10hs: 3º querella SHH.HH de pcia; 4º Fiscalía

Lunes 6 turno de los defensores Dr Horacio Meiras (Arrillaga); Dra Paula Muniagurria(Pertusio);
Dr Daniel Vazquez(Ortiz)

martes, 16 de noviembre de 2010

audiencia Nº 20, día 16 de noviembre.



"Volviamos como un trapo"


Un sobreviviente del centro clandestino de detención que funcionó en la repartición local de la Armada brindó detalles del lugar de cautiverio y del suplicio vivido. El 30 de noviembre comenzarían los alegatos de las partes.

Ernesto Miguel Prandina vive en Brasil desde hace muchos años. Desde allí viajó una vez más para dar su testimonio como sobreviviente de la Base Naval en el juicio que se les sigue a tres militares acusados de crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar.
Prandina entró decidido a la sala. En pocos pasos ya estaba sentado y listo para contestar las preguntas. Con tranquilidad relató su cautiverio en el centro clandestino de detención que funcionó en la Base Naval. Sabía que los recuerdos son dolorosos pero necesarios, tal vez por eso supo dejar las emociones de lado cuando a todos los presentes se les hacía un nudo en garganta. Había que ser claro, contar con detalle el horror para que a nadie le quedara dudas de lo que fue aquello.
En 14/9/76, Prandina ya era un cuadro político del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) y una presa para los grupos de tareas de la Marina. El 13 de octubre lo encontraron en la casa de sus padres en Nápoles al 5300, en el barrio El Martillo. El jefe de la patota dijo llamarse Maidana y que pertenecían a la Policía Federal. Primero fue la capucha en la cabeza, luego las esposas y a la parte trasera de un auto de civil.
Como otros testigos en la causa, Prandina recordó que la clave de los secuestradores para entrar a la base era “Llevamos el paquete”. Lo subieron por una escalera externa a un edificio recién construido. Allí en el un salón grande había otros detenidos encapuchados y esposados como él. Con el tiempo pudieron decirse los nombres para que el que saliera primero alertara a las familias. Allí estaban Gladis Garmendia, Norma Huder, un chico de apellido Díaz, Javier y Gustavo Stati.
La primera sesión de torturas fue a los pocos minutos de llegar. Fue en el piso inferior del edificio ubicado cerca de la Escuela de Buceo. Prandina dijo que era una cocina. Las paredes tenían azulejos y había una mesada de mármol. Allí lo acostaron desnudo lo mojaron y le aplicaron picana. Perdió la cuenta de las veces que fue torturado en los 45 días de cautiverio. Sabe que un día se desmayó en medio de la tortura y llamaron un médico porque pensaron que se moría. El doctor dijo que estaba bien que podían seguir torturándolo.
Para el testigo, los torturadores eran oficiales. Personas preparadas para la tarea. Los carceleros eran suboficiales que sólo los daban la comida o los llevaban al baño. Un timbre sonaba para avisar que llegaba un secuestrado nuevo o que se llevaban a alguien. El chillido era otra forma de tortura, podía significar que uno de ellos moriría. “No éramos nada. Físicamente estábamos muy mal, pero psicológicamente estábamos peor”, reforzó Prandina como si fuera necesario.
Durante la tortura le preguntaban por algunos de sus compañeros de militancia y por el secuestro de un directivo de al empresa Ford que había ocurrido en Buenos Aires. Un hombre que decía ser cura les hablaba y los invitaba a hablar para poder aliviar el suplicio. El testigo pudo ver por debajo de la capucha que el supuesto sacerdote usaba borceguíes militares.
Después de un tiempo, Prandina fue pasado a una celda individual. De allí fue sacado para someterlo a dos simulacros de fusilamientos y a un “submarino seco”, mecanismo de asfixia con una bolsa de nylon. Allí también pensó en suicidarse cortándose las venas con pedazos de mimbre de la silla en la que se sentaba.
Un día fue llevado a una oficina donde había un oficial que se presentó con el nombre de “Néstor”. Delante de ese hombre se sacó la capucha y escuchó que quedaba libre. Tiempo después ya en libertad, Prandina se entrevistó dos veces más con “Néstor”. Lo vigilaba, le preguntaba en qué andaba y luego se iba.
Después de su cautiverio, el testigo empezó a trabajar en el puerto. Desde allí veía la Base Naval y sabía que en ese edificio en construcción había estado secuestrado. También lo supo porque los cubiertos para comer decían Armada Argentina al igual que los medicamentos que les daban cuando se sentían mal.
Las marcas del cautiverio en el cuerpo se borraron antes que las psicológicas. Prandina tuvo que cambiar el timbre de su casa. El chillido agitaba los fantasmas de aquel ruido que anunció la muerte para muchos otros.

Otra vez el juez Hooft
El caso Prandina es una de las causas que respaldan el pedido de juicio político al juez Pedro Cornelio Federico Hooft, a quien se le imputan más de un centenar de delitos de lesa humanidad.
Los padres de Prandina presentaron un recurso de habeas corpus cuando su hijo fue secuestrado. El trámite cayó en el juzgado Nº 3 de Hooft. Nunca prosperó.
Una vez que Prandina fue liberado, el juez nunca lo llamó a declarar para saber que le había pasado. En 2007 en un allanamiento al juzgado Nº 3 fue hallado el expediente había sido archivado sin ninguna actuación.
Por consejo de un policía amigo de la familia y por su propia seguridad, Prandina declaró en una comisaría que, los 45 días que pasó en el peor de los infiernos, estuvo de vacaciones.

Marinos saqueadores


Matilde Cristina Chiodini fue testigo del secuestro del matrimonio de Tristán Roldán y Delia Garaguzo ocurrido en Marcelo T. de Alvear al 1400, el 18 de septiembre de 1976.
La mujer es la hija del dueño de la casa que alquilaba el matrimonio. Ayer frente al tribunal compuesto por los jueces Nelson Jarazo, Jorge Michelli y Alejandro Esmoris contó que un grupo nutrido de personas armadas llegó a la casa y preguntó por los Roldán. Su padre le dijo que estaban en la casa de atrás. Se escuchó una ráfaga de disparos y vio como se llevaban al matrimonio envueltos en frazadas y heridos.
El jefe del operativo se llevó la llave del pequeño departamento y les dijo que no tocaran nada. A la semana volvieron con tres camiones. Saquearon el lugar, se llevaron hasta los focos de los portalámparas.
La mamá de Matilde había llegado hacía unos días de Buenos Aires y durante el viaje en tren de regreso compartió mates con unos jóvenes integrantes de la Marina. Los reconoció en el allanamiento, integraban el grupo que saqueó la casa. El relato de Matilde explica que fue la Armada la responsable del saqueo y el secuestro de Tristán Roldán y Delia Garaguzo, embarazada de tres meses.
La testigo recordó que cuando se fueron los militares, ellos entraron al departamento. Había manchas de sangre y una ráfaga de balas contra una pared. Todo indicaba que los únicos disparos que hubo fueron del exterior al interior de la casa.
El dueño del departamento acudió a la comisaría tercera, pero la policía no intervino. El matrimonio Roldán – Garaguzo continúa desaparecido.


Por Federico Desántolo
audiencia Nº19, día lunes 15 de noviembre.

Relató su tragedia en la Base Naval

Un ex detenido desaparecido y el hijo de un militante asesinado
completaron una nueva audiencia del juicio a tres militares.

Cuando llegó a su lugar de cautiverio, Héctor Daquino, sabía que el lugar no le era ajeno. Desde 1974 hasta el 24 de marzo de 1976 había trabajado como albañil en la Base Naval local. Allí estuvo por más de un mes, luego fue liberado. Desde aquel entonces vive en Brasil.
Dos testigos declararon en una nueva audiencia del juicio a tres militares por crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención (CCD) que funcionó en la Base Naval local. Daniel Darío Iani, con 8 años, fue testigo de cómo un grupo de tareas se llevó a su padre en 1977. Por su parte, Héctor Orlando Daquino fue secuestrado junto con un amigo y alojado en la Base Naval. Ayer cada uno contó su tragedia.
Daquino tiene las marcas del exilio en la voz. Después de tantos años en Brasil le cuesta encontrar las palabras correctas en español, el portugués se adueña por momentos del discurso. Minutos después del mediodía se acomodó en la silla frente a los jueces. A su derecha, detrás de los abogados defensores, dos de los tres imputados: el capitán navío Justo Ignacio Ortiz y el contralmirante Roberto Luis Pertusio. A la izquierda, los querellantes.
Daquino comenzó su testimonio por el principio, la noche del 20 de septiembre de 1976 cuando fue secuestrado junto a su amigo Jorge Ordóñez. Recordó que volvían del cine y vieron en Sarmiento y Juan B. Justo, un operativo militar. Intentaron escapar pero en la esquina de Martín Rodríguez y Alsina fueron capturados. Los secuestradores preguntaban por Ordóñez. Los subieron en autos distintos y los llevaron a la Base Naval. Uno de los secuestradores le era conocido. Lo había visto varias veces.
A pesar de estar encapuchado con su propio abrigo, el testigo supo que ingresaba a la Base Naval. El recorrido del auto, el ingreso, las curvas y contra curvas dentro del predio no le dejó dudas. Durante dos años hizo ese recorrido, trabajaba junto a Ordóñez en la constructora Guarino y les había tocado la obra de un edificio dentro de la base. Renunciaron el día del golpe de Estado del 76. Eran militantes de la UES (Unión de Estudiantes Secundarios) y tuvieron miedo de volver a trabajar. En los días de albañil en la Base Naval veía a diario a un hombre rubio de ojos azules y piel blanca. Siempre estaba de civil y le decían “Tigre”. Ese fue uno de sus secuestradores.
Daquino cree que lo ingresaron en un salón grande donde había otras personas. Ubicó el lugar arcano a la Escuela de Buceo, a pocos metros de la playa de la Base Naval. Allí estuvo por más de diez días encapuchado y sentado en una silla de playa de mimbre. Sabía que había otras personas por el ruido de la tos de algunos de ellos y porque supo identificar las distintas voces que pedían a los carceleros permiso para ir al baño. Calculó que había entre 40 y 60 personas, hombres y mujeres.
En el primer interrogatorio a base de picana eléctrica, Daquino sintió que había unas ocho personas. Dos le hacían preguntas y otros hablaban entre ellos. Le preguntaban por una camioneta que era de su padrastro y que él había usado para algunas reuniones con compañeros de la UES. También le pedían nombres de sus compañeros de militancia.
En una sola oportunidad pudo hablar con Ordóñez a pesar que estaba en el mismo lugar. Luego Daquino fue llevado a una celda individual. Allí permaneció hasta su liberación.
En el segundo interrogatorio le mostraron fotos de hombres y mujeres. No conocía a ninguna de las personas. “Eran fotos familiares, seguramente robadas en los operativos”, recordó el testigo.
Un día le dijeron que lo iban a liberar. Daquino preguntó si su amigo también salía y le dijeron que si. Lo subieron a un auto y lo dejaron atrás del cementerio de la Loma. Corrió hasta la casa de la mamá de Ordóñez y allí esperaron a su amigo que nunca volvió. Es un desaparecido más.
Daquino estuvo cuatro días en Mar del Plata y se fue a Buenos Aires. De allí a Brasil, su lugar en la actualidad. Daquino terminó la primaria en 1967. De aquella promoción de la escuela Normal recordó a Adriana Tasca, Fernando Yuri, Bernardo Ignace y Liliana Barbieri. Algunos permanecen desaparecidos y otros fueron asesinados en enfrentamientos fraguados.

“Tuve la percepción que no volvía nunca más” Cuando se llevaron a su padre en septiembre de 1977, Daniel Darío Ianni tenía 8 años. Vicente Saturnino era militante del Partido Comunista Marxista Leninista (PCML). Había comenzado su militancia en Berisso, en el Gran La Plata y tras el golpe de Estado y por razones de seguridad se mudaron a General Pirán, al campo de la familia Bourg.
Daniel Ianni declaró ayer ante el tribunal oral federal 1. Más de 30 años después, recordó el día que se llevaron a su padre. Sabe que fue un día sábado. Él, sus padres y sus dos hermanos esperaban a Raúl Bourg, a su esposa Alicia y sus hijos para comer un asado.
Ianni recordó un gran número de autos que se acercaron al casco de la estancia, entre ellos una camioneta roja. Bajaron muchos hombres, todos armados y vestidos de civil. Decían que buscaban a Raúl Bourg.
El testigo contó que entraron a la casa y revolvieron todo. Le preguntaban si su papá tenía armas. Encontraron un rifle de aire comprimido que tenía Ianni y comenzaron a disparar a dentro de la casa, en una demostración de poder y terror.
Después de buscar y no encontrar, decidieron llevarse a Vicente. El padre se acercó le dio un abrazo y le dijo que después volvía. A pesar de sus ocho años, Ianni supo que su padre no volvería nunca más.
Los secuestradores se fueron y luego volvieron, pero no trajeron a Ianni. Intentaron llevarse el tractor y le pedían a la mujer que les entregara la documentación de los autos y del campo. Después de algunos días, un compañero de militancia de Ianni padre sacó a los chicos y a la mujer del campo y los llevó otra vez a La Plata donde vivieron con sus abuelos.
El miedo duró hasta no hace mucho tiempo. No se podía hablar de lo que había pasado y había que evitar el tema. El matrimonio Bourg, amigo de los Ianni y dueños del campo, desaparecieron días después. El cuerpo de Vicente saturnino fue hallado en una tumba NN en el cementerio municipal de esta ciudad en 2007. Junto a él estaban otros dos compañeros de militancia: Eduardo Caballero y José Changazzo.

Por Federico Desántolo.

martes, 9 de noviembre de 2010

Audiencia Nº18, dia martes 9 de noviembre

Nunca vio, ni supo de detenidos en la Base Naval


El imputado declaró alrededor de una hora y media. No contestó preguntas de las partes, pero el cuestionario de los jueces lo incomodó. Negó las imputaciones y dijo desconocer existencia de detenidos desaparecidos en la Base Naval.
“A lo largo del ’76 y en los años siguientes no tuve ninguna vinculación directa e indirecta con los enfrentamientos entre militares y civiles”. Luego de una hora de exposición frente al tribunal oral federal Nº 1, el contraalmirante Roberto Luis Pertusio dijo lo que suelen decir casi todos los imputados a la hora de declarar.
Después de un cuarto intermedio de media hora, alrededor de las 13.30, Pertusio acusado de crímenes de lesa humanidad perpetrados en la Base Naval local, se sentó frente al tribunal. Un día antes, había pedido declarar.
De elegante traje gris, solo acomodó el micrófono para que su voz se escuchara clara y firme. Lo primero que dijo fue que una “fuerte carga emocional” que lo aqueja desde hace meses “había llegado a su punto más alto ante la posibilidad de declarar y que por tal motivo no respondería las preguntas de las querellas ni de las defensas”. Sólo aclararía las dudas de los miembros del tribunal. En resumidas cuentas contaría su versión de los hechos. Negaría cualquier relación con los delitos que se le imputan y resaltaría su profesionalismo como integrante de Armada argentina.
Tras escuchar de boca del juez Nelson Jarazo, los delitos que se le imputan -privación ilegitima de la libertad, imposición de tormentos agravada y homicidio calificado Omar Tristán Roldán y su mujer Delia Elena Garaguso-, Pertusio comenzó su declaración remontándose al año 1970 cuando fue enviado a Alemania para especializarse en el comando de submarinos fabricados en aquel país. El imputado se convirtió en un referente de la Armada en ese tipo de buques. Toda su carrera estuvo vinculada a ello. Su primer contacto con Mar del Plata lo tuvo en 1974 cuando lo trasladaron a la Base Naval local para asumir el comando del submarino Santa Fe. Aquí cumplió funciones hasta 1978. Aunque había solicitado su traslado a la Escuela de Guerra Naval, la superioridad creyó que era más útil en Mar del Plata.
El 24 de marzo de 1976, tuvo que viajar a Miramar con una comisión de oficiales a su mando para hacerse cargo de la intendencia de Miramar. Se encargó de aclara que su mandato de facto duró unos pocos días y que había otros grupos de la Armada que operaban en Miramar pero que nada tenían que ver con su funciones. Sin decirlo se refería a los grupos de tareas que secuestraron a hombres y mujeres en aquella localidad. El diseño operativo del golpe de Estado establecía que la Marina debía hacerse cargo de la represión y en las localidades costeras de esta zona.
El lunes pasado declaró en el juicio que se le sigue a Pertusio y a otros dos militares, Mónica Roldán, hermana de Tristán Omar Roldán secuestrado junto a su pareja Delia Elena Garaguzo, el de septiembre del 76. La mujer contó que su padre recibió varias cartas de distintos jefes militares que siempre negaban saber algo de la pareja. Entre esas cartas había una firmada por Pertusio. La misiva decía que la marina había realizado el operativo en el cual se llevaron todos los muebles y pertenencias de la vivienda en que vivían, Tristán y Delia, pero aclaraba que no habían realizado el operativo anterior, el del secuestro de la pareja.
Ayer, en su exposición de una hora y media, Pertusio intentó aclarar aquella situación. Primero, en una pizarra explicó el organigrama de mando de la Base Naval para dejar en claro que él como responsable de la Escuela de Submarinos era un compartimiento estanco con respecto al resto de las actividades de la Base Naval. Incluso dijo en varias oportunidades que su oficina estaba no menos de 300 metros de distancia del despacho del contralmirante Juan Carlos Malugani, jefe de la Base Naval local.
Con respecto a la carta que recibió la familia Roldán y que lleva su firma dijo que el responsable de esas líneas fue Malugani. Según el imputado, solo cumplió la orden que le dio su superior. Por eso “el encabezamiento dice “por orden del jefe de la Fuerza de Submarinos”, explicó Pertusio. Enseguida agregó que no tenía conocimiento de quienes eran Roldán y Garaguzo y qué les había pasado. Después de su declaración espontánea, Pertusio tuvo que contestar las preguntas del tribunal. Ante el requerimiento del juez Jorge Michelli, el imputado contestó que nunca vio detenidos desaparecidos en la Base Naval. Según sus dichos estaba pendiente de los submarinos y no prestaba atención al resto de la vida en la base. Además agregó que el edificio de la Escuela de Submarinos estaba alejada de los lugares que algunos testigos mencionaron como posibles sitios para alojar a los detenidos.
Tampoco se interesó por averiguar que le había pasado a la pareja Roldán Garaguzo. No quiso saber de que se trataban esos “procedimientos” de los que hablaban la carta que él mismo había escrito.
Pertusio encogió los hombros cuando le preguntaron si sabía que la Marina intervenían en esos “enfrenamientos entre civiles y militares” que habían mencionado minutos antes. Dijo que no sabía que fuerzas actuaron en la represión y tampoco sabe que grado de participación tuvo la Armada.
El se autoproclamó como uno de los principales estrategas en guerra naval que dio el país. Pero no sabía que la Marina era una fuerza de ocupación en su propio país.
Tampoco vio en todas las veces que recorría la base naval para ir a almorzar al edificio de oficiales, lugares restringidos a los que solo podía ingresar determinada oficialidad.
Ante las preguntas de los jueces la voz segura y clara del imputado se fue perdiendo. Cierta incomodidad se hizo notoria. Respondió que no se acuerda si le interesó que las fuerzas armadas detuvieran a hombres y mujeres. Replicó que la Armada había gastado mucho dinero y educación para capacitarlo en tareas operativas y que esas tareas eran su preocupación.
Por último, Pertusio dijo no recordar haber leído en los diarios locales noticias sobre detenciones de civiles que luego eran alojados en la Base Naval. Cerca de las tres de la tarde terminó su declaración y finalizó la audiencia.

Por Federico Desántolo
DECIMOSÉPTIMA AUDIENCIA .Día lunes 8

“Creo que es el día más reparador después de tantos años”.

Hermanos de Tristán Omar Roldán y Delia Elena Garaguzo, desaparecidos el 18 de septiembre de 1976 en la Base Naval declararon ayer ante el tribunal oral federal 1 y contaron lo que fue vivir después de aquel día.
Mónica Silvia Roldán fue la segunda testigo que declaró ayer en una nueva audiencia del juicio que se le sigue a tres militares por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en la Base Naval local durante la última dictadura cívico militar. La mujer ingresó con una caja color verde a la que se aferraba con las dos manos. . Se sentó frente al tribunal y antes de empezar a hablar acomodó sobre la pequeña mesa una foto con la imagen de su hermano Tristán y su cuñada Delia. Detrás de ella en los asientos destinados al público una gran cantidad de primos la alentaba en silencio.
La testigo contó que se enteró del secuestro de su hermano Tristán Omar Roldán y de su cuñada Delia Elena Garaguzo –también conocida como “Tali”-, por el dueño de la casa que alquilaba la pareja en Marcelo T. de Alvear al 1400. El hombre les dijo que la madrugada del 18 de septiembre de 1976 y grupo de personas armadas entró a su casa y le preguntaron por “Roldán y la chica rubia”. Fueron hasta el departamento del fondo. Luego se escuchó una ráfaga de disparos y el llanto de la mujer. Alejandro Scchiodini vio que se llevaban a Tristán con las manos atadas y encapuchado. A Delia que había sido herida en una pierna, la llevaba envuelta en una frazada.
Tristán tenía 19 años y Delia 21, ambos militaban en la Juventud Peronista (JP). Él trabajaba en la construcción. Ella lo hacia en la planta la Campagnola y estaba embarazada de tres meses.
Mónica recordó que al mediodía siguiente, tres camiones volvieron a la casa de Marcelo T de Alvear. Dos bloquearon los accesos en cada esquina y un tercero fue puesto de culata en la entrada al garaje. Se llevaron todos los muebles y las pertenencias de la pareja. Vaciaron la casa.
A partir de ese día comenzaron todos los intentos para saber donde estaba la pareja. Hubo cientos de cartas enviadas a todas las dependencias militares. La respuesta era siempre la misma: nadie sabía nada. Cada una de esas cartas y sus respuestas están en la caja verde que Mónica sujeta mientras declara. Allí también hay copias de habeas corpus, fotos y recortes periodísticos de aquellos años.
Mónica Roldán contó a los jueces Nelson Jarazo, Alejandro Esmoris y Jorge Michelli que después del secuestro de sus hermana y su cuñada, junto a otros familiares de desaparecidos conformaron un grupo para saber dónde estaban los detenidos. Se juntaban en la catedral local y trabajaban junto al padre Pérez, secretario del obispo de aquel entonces, monseñor Rómulo García.
En mayo de 1977, el grupo ya estaba organizado y Mónica concurría todos los días a recibir denuncias de familiares en la Catedral. Por ese motivo una patota que dijo ser de Coordinación Federal la fue a buscar a la casa de sus padres. Estuvo secuestrada durante 26 horas en la Base Naval. Supo que estaba ahí por el ruido de las olas que morían en una playa que sentía muy cercana. También reconoció la entrada a la repartición militar.
Allí fue interrogada dos veces. Los captores querían nombres y apellidos de las personas que formaban parte del grupo de familiares que buscaban a los desaparecidos. Ella le contestó que “los apellidos eran los apellidos de los chicos y chicas que tenían detenidos”. Ahí vino el primer golpe. Luego insistieron con lo mismo y ella respondió igual. Otro golpe.
En el segundo interrogatorio le preguntaron por su militancia en la Juventud Comunista. Cuando le pidieron otra vez nombres y apellidos comenzó a nombrar apellidos falsos. Otro golpe.
Al otro día le dijeron que la iban a liberar pero que la condición era que dejara de buscar a su hermano y a cuñada. Ella dijo que si como un mecanismo de supervivencia para lograr la libertad. Ayer aclaró que no fue una concesión de principios.
Antes de subirla al auto que la sacaría de la Base Naval, le quitaron la capucha. Mónica recordó que allí vio a la hermana de una amiga que también iba a ser liberada. Se sonrieron y después cada una fue subida a un auto.
Roldán mostró al tribunal y a las partes las cartas que recibió su padre de las autoridades de la Base Naval. La primera fue del contralmirante Juan Carlos Malugani, negaba que la pareja estuviera bajo su control. Otra la escribió el contralmirante Roberto Pertusio, uno de los imputados. Reconocía haber realizado el operativo de saqueo de los muebles de la casa de Roldan y Garaguzo pero negaba haber secuestrado a la pareja. Lo cierto es que el jefe del operativo del secuestro de la pareja se llevó la llave del departamento y a las pocas horas viene otro grupo con esa llave para llevarse los muebles.
En otra oportunidad, en una entrevista con el coronel Pedro Barda, el jefe de la subzona militar 15, culpó al papá de Mónica y Tristán diciendo que si hubiese cuidado mejor a su hijo nada de esto hubiese pasado.
Ante la pregunta de la querella: ¿Cómo siguió la vida después del secuestro de su hermano y su cuñada?. Mónica respondió: “la vida era la búsqueda. En el trayecto se fueron dejando proyectos personales”.
Mónica dejó la universidad y el dolor estuvo siempre presente en la familia. Se dejó de hablar de Tristán y Delia. Ayer recordó que nunca hablaron del embarazo de su cuñada.
La sala de audiencias estaba llena. La mayoría eran primos de Mónica y Tristán. La testigo les quiso agradecer su acompañamiento y apoyo. “Creo que es el día más reparador después de tantos años”. Después hubo aplausos.
Daniel Hugo Garaguzo fue el último testigo de la jornada. El hermano de Delia Elena contó que él se enteró del secuestro de su hermana en Lobería.
Él y sus padres vivían allí y Delia había venido a Mar del Plata a estudiar. En uno de los viajes que hacía al pueblo les contó que estaba militando en la JP y que estaba muy contenta. En los viajes siguientes se la veía preocupada. Daniel recordó que en la última visita de su hermana a Lobería, les contó que era perseguida y que no los visitaría más. También les pidió que ellos no fueran a verla.
Después supieron por sus abuelos que vivían en Mar del Plata que un grupo armado había ido a su casa a buscar a Delia pero que ella no estaba allí. A los pocos días se enteró del secuestro, de la balacera y de que su hermana había sido llevada herida
Garaguzo contó cómo desde ese día todo de desmoronó. Su padre viajaba a mar del Plata todo el tiempo para encontrar a Delia. Siempre estaba con el papá de Tristán de aquí para allá. Se perdieron. Descuidó el negocio y al poco tiempo se fundieron. Tuvieron que venir a vivir a Mar del Plata.
Un amigo de su padre, el capitán del Ejército Lamacchia, que cumplía funciones en el GADA 601 le dijo un día que no buscara más a Delia porque no la iba a encontrar y que se preocupara por los hijos que aún tenía. El golpe fue certero. El papá de Daniel se enfermó y al poco tiempo murió atormentado por no saber nada de su hija ni tampoco de su nieto. Aún hoy la mamá de Daniel vive con miedo. No sale de su casa y teme abrir las ventanas. Todavía creen que la vigilan.
El testigo lamentó saber que toda su familia e incluso él van a irse de este mundo sin saber que pasó con Delia y con su hijo.


“Si hubieran tenido la valentía de decir lo que hicieron”

Ana Menucci de Retegui busca a su hija desde el 19 de septiembre de 1976, día en que junto con otras dos amigas fueron secuestradas. Ayer por primera vez, después de 34 años, declaró ante un tribunal penal.
Retegui contó que desde el 76 pregunta por su hija. Consultó en todos los lugares y a todos: Ministerio del Interior, Cruz Roja, a la Iglesia y nunca obtuvo respuesta.
Frente al tribunal recordó que fue el padre Pérez, secretario del obispo Rómulo García, quien le dijo que Liliana estaba en manos de la Marina y que estaba bien. Que no le faltaba nada. Incluso le dijo que con ella había una chica que se la habían llevado de la casa en silla de ruedas porque tras un accidente estaba enyesada y que, en la Base ya estaba caminando. Se trataba de Ana Rosa Frigerio, una joven que luego aparece asesinada en un enfrentamiento fraguado. Cuado La mujer le dijo lo que había pasado con esa chica al cura, Pérez le respondió que a ellos, los militares, también les mentían. Retegui, se lamentó: “si hubiesen tenido la valentía de decir lo que hicieron. Eso sería lo más justo”.
Ana terminó su declaración y volvió a su lugar. Volvió a ponerse su pañuelo blanco y se sentó junto a sus compañeras, las otras Madres de la Plaza.



Desaparecidos frente a la escuela de buceo

Pablo José Arias desde 1968 formaba parte del club de buceo y del Club Náutico, por esa razón conocía todos los movimientos de la Base Naval. Así supo que después del Golpe de Estado de 1976 todo cambió. Había muchos hombres armados en las guardias y la dependencia de Buzos Tácticos estaba siendo reformada estaban construyendo una losa y sobre esa construcción había bolsas de arena con una ametralladora de gran tamaño.
A mediados de 1976 Arias fue seleccionado como estudiante de Biología, para hacer un curso de buceo junto a oros tres compañeros, entre ellos María Inés Dorio cuya hermana sería secuestrada en septiembre de ese año y alojada en la Base Naval.
Los militares desconfiaban del estudiante de pelo largo y barba. No entendían porqué estaba allí si ya sabía bucear. Cierto día, un sábado a la mañana, Arias estaba en el vestuario listo para salir a hacer las prácticas físicas y al salir hacía del interior de la Escuela de Buceo vio que en un camión había gente encapuchada y atadas de manos. Estaban siendo bajados del camión. En otra oportunidad vio que en la playa de la base naval a un militar que llevaba a una mujer encapuchada y atada de manos apuntándola con un fusil.
Haber visto eso le trajo serios problemas, los militares lo intimidaron y persiguieron. Su casa fue allanada pero a él no lo encontraron alguien le había advertido que no fuera a su casa. El miedo lo invadió. Incluso pensó en irse del país.
Una vez camino a la facultad vio que en el micro había una persona que lo seguía y de se dio cuenta que era una de esas personas de civil que había visto dentro de la Base Naval mientras hacía el curso de buceo.




Por federico Desántolo

miércoles, 3 de noviembre de 2010

Las audiencias continuan el Lunes 8 y martes 9, ultimas audiencias.

audiencia Nº16, dia martes 2 de octubre.


El subjefe sabia de detenidos dentro de la Base Naval.

Se trata del odontólogo Gustavo Adolfo Hoffmann quien declaró ayer que el capitán de navío Justo Ignacio Ortiz sabía de la existencia de detenidos desaparecidos en ese asiento militar Un ex oficial de la Armada aseguró ayer que el capitán de navío Justo Ignacio Ortiz, imputado en el juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en la Base Naval, sabía de la existencia de detenidos desaparecidos durante la última dictadura cívico militar. Por su parte, la hermana de una víctima puso en crisis la declaración de un médico retirado de la Marina.
El odontólogo Gustavo Hoffman ingresó a la Base Naval como oficial asimilado a la Armada en febrero de 1975. Su función era atender al personal militar.
Además de sus tareas como dentista, Hoffman debía realizar guardias como oficial de servicio. Durante 24 horas era el encargado de que todo estuviera en pleno funcionamiento.
La primera vez que supo de la presencia de detenidos en la Base Naval fue en mayo de 1976 cuando en una noche de guardia fue hasta la cocina para cerciorarse que la comida para la conscripto marchara sin problemas. Uno de los cocineros le dijo: “tenemos visita”. El testigo aseguró que en e4se momento supo que al lado de la cocina había tres calabozos y que en esos calabozos había tres detenidos: Jorge Pablovsky, Pablo Lerner y José Musmeci.
Hoffman recordó que uno le dijo que era gremialista y los otros militantes de la Juventud Peronista (JP). Esa noche les llevó cepillos de dientes y unos libros para que se entretuvieran. Años después, uno de ellos fue hasta su consultorio para agradecerle lo que había hecho por él y sus compañeros.
También recordó que Pablovsky fue llevado un día encapuchado hasta el consultorio en el sector de sanidad porque le dolía mucho una muela. Hoffman tuvo que sacársela.
Tiempo después, en otra guardia, vio más detenidos. En esa ocasión había salido a la noche a recorrer el predio y vio que en un edificio que todavía estaba en construcción a varios oficiales armados. Cuando se acercó vio que en el interior había entre diez y doce personas con capuchas en la cabeza que tenían un número. Estaban sentados en semicírculo sentados sobre sillas de playa.
Al finalizar la guardia se reportó ante el capitán de navío Justo Ignacio Ortiz, segundo jefe de la Base Naval en aquel entonces. Ortiz le dijo que una de las funciones como oficial de servicio durante la guardia era ocuparse de que los detenidos estuvieran bien de salud y alimentados.
El testimonio de Hoffman deja ver sin fisuras que uno de los imputados en la causa Base Naval 1 tenía pleno conocimiento de la existencia de detenidos desaparecidos en la repartición a su cargo.
Hasta que se fue de baja, el testigo volvió a ver detenidos al menos dos veces más. Siempre encapuchados y maniatados. En una ocasión uno de los secuestrados le pidió que le averiguara si su novia estaba en ese lugar detenida. Hoffman preguntó uno por uno a los detenidos hasta que encontró a la mujer. Los llevó a un calabozo y allí la pareja pudo charlar por unos minutos y tal vez despedirse.
Cada vez que finalizaba una guardia, Hoffman reportaba las novedades a Ortiz, entre ellas, lo que ocurría con los detenidos desaparecidos.
Hoffman declaró que desde antes del golpe de Estado de 1976 ya había decidido pedir la baja porque no se sentía cómodo en la Armada. Por consejo de un superior decidió esperar unos meses. Un episodio, que le significó tres días de arresto lo ayudó a dar por finalizada su carrera como marino.
El testigo recordó que en uno de los pasillos del sector de sanidad, mientras hablaba con una mujer que estaba allí para realizar audiometrías a los oficiales, llegó un hombre herido y escoltado por tres militares armados. La mujer le preguntó si se trataba de un “guerrillero”. Hoffman evitó contestarle, pero igual fue en vano. Al día siguiente recibió tres días de arresto. Ortiz le dijo que había revelado secretos militares a una civil. A los 20 días, el testigo dejo la Armada para siempre.

Contradicciones

Liliana Iorio fue secuestrada junto a cuatro compañeras el 19 de septiembre de 1976. Dos –Nancy Carricabur y Stella Marís Nicuez-, lograron sobrevivir. Liliana Retegui, Patricia Lazzeri y Iorio fueron vistas por última vez en la Base Naval y continúan desaparecidas.
María Inés Iorio, hermana de Liliana, declaró ayer en la decimosexta audiencia del juicio a tres militares por crimen de lesa humanidad.
En el momento que Liliana fue secuestrada, maría Inés realizaba un curso de buceo en la Base Naval, lugar de cautiverio de su hermana. Ella y Pablo Arias, eran los únicos estudiantes universitarios que ingresaban a la Base Naval por aquel entonces. La testigo recordó que se sentía muy vigilada cada vez que iba a las clases.
Iorio les contó a los instructores de buceo lo que había ocurrido con su hermana y les dijo que quería abandonar el curso porque tenía miedo. Los hombres pertenecientes a la división de Buzos Tácticos le dijeron que no lo hiciera. A la semana siguiente, el teniente Julio Cesar Falké, jefe de inteligencia de la Base Naval y profesor de física en el curso de buceo, llamó a María Inés a su oficina. Le dijo que ella debía conocer a los amigos o compañeros de su hermana que debía traerle una lista con nombres o sobrenombres.
Después de dos semanas en las que trató de evitar a Falké, finalmente la testigo le llevó dos sobrenombres falsos para que no la molestaran más.
Iorio, también tuvo como profesor al médico especialista en medicina de buceo, Carlos Suárez, quien declaró el lunes pasado ante el tribunal que lleva adelante el juicio. Los dichos de la testigo hicieron tambalear las declaraciones del doctor.
Suárez aseguró que nunca vio detenidos desaparecidos en la base Naval y que en abril se había ido a Francia a realizar una especialización en medicina de buceo de gran profundidad. También dijo no conocer al teniente Falké.
Iorio declaró ayer que Suárez fue su profesor durante el curso que se realizó entre mayo y octubre por lo que el médico no pudo estar en Francia y mar del Plata al mismo tiempo. También aseguró que Suárez y Falké eran los profesores de las asignaturas teóricas del curso, por lo tanto, es muy difícil imaginar que no se hayan conocido o que no hayan mantenido una relación como docentes de un mismo curso. Antes dichas contradicciones el fiscal Daniel Adler se reservó la posibilidad de solicitar algún tipo de medida para Suárez, durante la etapa de alegatos.
María Magdalena Iorio, mamá de Liliana y María Inés, fue la segunda testigo en la jornada de ayer. La integrante de la Asociación Madres de Plaza de Mayo contó, con profunda emoción, el día que el cura José Luis Murueta –amigo de la familia y con contactos en la Armada-, le dijo llorando que a “Lilianita” la habían tirado al mar y que no había sufrido porque la había dormido con una inyección.
Ella no le creyó y le dijo que el no podía creer que la Armada argentina pudiera hacer eso con las personas.
Recién en democracia cuando se conocieron los testimonios de los sobrevivientes, María Magdalena supo que las palabras de aquel cura eran irremediablemente ciertas.
Por Federico Desántolo