jueves, 2 de diciembre de 2010

“Los jueces no pueden ser neutrales ante los crímenes de lesa humanidad”


El alegato de la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense, instó a que el sistema judicial esté a la altura de las circunstancias de un Estado democrático
“Si se consagra la impunidad de aquellos que cometieron los grandes crímenes se reciente el estado de derecho: jueces, abogados y fiscales. Si no se puede condenar a los grandes delincuentes qué autoridad tiene para condenar al ladrón de gallinas”. Alejo Ramos Padilla, abogado querellante por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires dedicó gran parte de su alegato a recalcar el compromiso que debe asumir la justicia de la democracia. Después de poco más de tres horas de argumentaciones, solicitó al tribunal, la pena de reclusión perpetúa por tiempo indeterminado en una cárcel de máxima seguridad para los tres militares imputados. Por último, pidieron la destitución de las Fuerzas Armadas o la sanción que se considere pertinente dentro del ámbito militar.
El abogado Alejo Ramos Padilla se hamacó una y otra vez sobre la silla. Por momentos giraba hacía el tribunal, en otros pasajes miraba al público y a los familiares de las víctimas; y en otros clavaba su mirada y su dedo acusador en los imputados, resguardados detrás de sus defensores.
Si Ramos Padilla consideró necesario instar al sistema judicial y a los jueces a que estén a la altura del estado de derecho para no repetir errores de antaño es porque en algunos momentos de la historia argentina la justicia estuvo muy por debajo de tales circunstancias.

El enano fascista del sistema judicial


Ramos Padilla comenzó su alegato con un recorrido histórico del sistema judicial ante los gobiernos de facto. Habló del “enano fascista” que anida en los hombres y en las instituciones y que permitió que el sistema judicial avalara “legalmente” desde el golpe de Estado de 1930 “el poder de facto de los criminales de Estado” en la Argentina.
Enseguida agregó que esa concepción ideológica aún persiste en entre los operadores jurídicos. “Son aquellos que aceptan los argumentos de los asesinos para garantizar la impunidad. Hablan de guerra sucia y subversión; de revanchismo por parte del gobierno de Cristina Fernández y de Néstor Kirchner anteriormente”, explicó Ramos Padilla.
El querellante también recordó que en 1984 se produjo un hecho histórico a nivel mundial, el juicio a la junta militar que usurpó el poder el 24 de marzo de 1976. Pero tres años después en 1987 el poder judicial convalidó las leyes del olvido y punto final. “Un poder judicial que no puede explicar como le cae con todo el peso de la ley al ladrón de gallinas y al mismo tiempo realiza construcciones complejas para garantizar la impunidad del terrorismo de Estado”, enfatizó el representante de la Secretaria de Derechos Humanos bonaerense.
Ramos Padilla instó al sistema judicial y a los jueces a no ser neutrales. Aseguró que el compromiso en estas causas diferencia a los jueces de la democracia de aquellos que prestaron servicios en la dictadura. “Unos garantizaron la impunidad y los otros aborrecen los delitos contra la humanidad”, concluyó.
El abogado aclaró que no se trata de una afrenta al Poder Judicial y tampoco al tribunal sino que se trata de distinguir los buenos de los malos. “No es lo mismo un fiscal federal acusado de crímenes de lesa humanidad que el fiscal Daniel Adler que impulsa los juicios por esos mismos crímenes”, ejemplificó Ramos Padilla. A continuación instó: “Los jueces de la democracia no pueden ser neutrales ante los crímenes de lesa humanidad”.


Subversión y clandestinidad
“La idea de clandestinidad impregnó todo lo que fue el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional”, dijo el abogado Ramos Padilla para encontrarle una explicación al accionar del Terrorismo de Estado. Aseguró que la clandestinidad les dio a los criminales la impunidad que gozaron durante más de 30 años.El término clandestinidad atravesó el régimen dictatorial. “Hubo centros clandestinos de detención, tumbas NN, cuerpos arrojados al mar, calcinados en el los fondos de alguna comisaría y fuerzas conjuntas que secuestraban. Ni siquiera decían a que fuerza pertenecían”, graficó la querella.
Ramos Padilla aseguró que sólo en ese marco de clandestinidad, “los cobardes” se animaron a las atrocidades. Esa clandestinidad les permitió en más de una oportunidad negar la existencia de desaparecidos o de los centros clandestino de detención. Para fortalecer su argumentación citó a Robert Jackson, juez que participó en los juicios de Nüremberg, que dijo que estos juicios debían hacerse para encontrar pruebas concretas y creíbles para explicar hechos increíbles, que los responsables negaban amparados en la clandestinidad y la impunidad.
La impunidad de la que lkos crimanles gozaron, la explicó en palabras del coronel Vaquero perteneciente al Ejército Argentino que dijo en 1984 a Clarín: “No se aceptará investigación alguna ni ahora ni en el futuro”.
Sobre la tan nombrada subversión, término con el que los criminales justificaron sus atrocidades. Padilla fue muy claro. Señaló a los imputados para decir que “los únicos subversivos en esta sala eran el coronel Alfredo Arrillaga, el capitán de navío Ignacio Justo Ortiz y el contralmirante Roberto Luis Pertusio, ellos subvirtieron el orden democrático para perseguir a los opositores políticos”.


Empresa criminal
Ramos Padilla aseguró que los tres imputados formaron parte de una empresa criminal que tuvo su asiento en Mar del Plata y cuya finalidad era la eliminación del opositor.
La querella dio por probado que el teniente coronel Alfredo Arrillaga era el jefe de operaciones de la Subzona de Seguridad Militar 15. Era uno de los cuatro jefes que garantizaban el funcionamiento del sistema de persecución y eliminación de opositores políticos. Su tarea junto con la del jefe del área de inteligencia era fundamental.
Según la querella de la Secretaria de Derechos Humanos bonaerense, Arrillaga tenía a su cargo los operativos del Ejército, de las fuerzas policiales bajo su órbita y las operaciones de las fuerzas conjuntas. El jefe de operaciones, según los documentos militares en la lucha contra la subversión, era el encargado de llevar adelante, coordinar y supervisar los operativos de secuestros.
Ramos Padilla dio por acreditado que el operativo de secuestro de Luis Regine fue dirigido por Arrillaga. Buscaban al sindicalista Diego Ibáñez y fueron a su supuesta casa pero, el dirigente petrolero ya no vivía ahí. Se llevaron al dueño de casa, lo tuvieron secuestrado, lo torturaron y luego cuando se dieron cuenta del error lo liberaron.
El abogado definió la empresa criminal montada por la dictadura en tres etapas. Una primera que incluía el secuestro y el traslado de detenidos. La segunda implicaba la privación ilegítima de la libertad y la tercera consistía en la eliminación o liberación de los opositores.
Si bien en algún momento la doctrina judicial indicó que el papel de Arrillaga podía ser considerado como coautor de los hechos ocurrido en la primera etapa y participe necesario en al segunda, Ramos Padilla afirmó que deberá ser juzgado como coautor en todas las etapas de la empresa criminal.
En cuanto al contralmirante Pertusio, la querella entendió que cumplía la misma función que Arrillaga pero en la Armada, en la Base Naval. Para Ramos Padilla está comprobado que el jefe de al escuela de submarinos en aquel entonces era el jefe del Grupo de Tareas 6, creado por la Armada para combatir la subversión. Así lo indica la declaración del ex jefe de la Base Naval en aquel entonces, contralmirante Malugani.


Pertusio al igual que Arrillaga coordinaba y supervisaba los operativos realizados por el grupo de tareas 6 que tenía bajo su órbita a integrantes de la Base Naval, de la Escuela de suboficiales de Infantería de Marina y de Prefectura Naval. El abogado explicó que tampoco podía desconocer la existencia de un centro clandestino de detención dentro de la Base Naval como pretendió instalar con su declaración ante el tribunal que lo juzga.
El capital de navío Justo Ignacio Ortiz tampoco podía desconocer que la Base Naval fuera un centro de detención. Era el número dos en jerarquía, el subjefe de la repartición.
Ramos Padilla recordó la declaración de un testigo, el odontólogo de la Base Naval que fue sancionado por Ortiz porque habría hablado de los detenidos que había en el lugar con una médica. Una clara demostración de que el subjefe de la base sabía de la existencia de detenidos desaparecidos.
Antes de solicitar la pena para cada uno de los imputados, Ramos Padilla habló de un proyecto de ley presentado en el Parlamento chileno para que los militares condenados por delitos de lesa humanidad fueran degradados y dejaran de percibir cualquier beneficio por parte del Estado. En la Argentina no existe tal ley pero si está permitida la destitución. Así, el abogado instó a que los imputados no sean nunca más llamados capitán de navío, coronel o contralmirante “porque deberían ser nombrados como secuestradores, subversivos, homicidas, traidores a la patria y torturadores”.
Padilla solicitó que de existir una condena, “se envíe la información necesaria a la ministra de Defensa Nilda Garré, para que la comandante en jefa de las Fuerzas Armadas sancione de la manera que corresponda a quienes deshonraron el uniforme y los símbolos patrios”.Una vez fundamentado la participación de cada uno de los imputados en los delitos que se les endilgan, Ramos Padilla pidió las penas correspondientes. Para los tres solicitó la pena de reclusión perpetúa por tiempo indeterminado en una cácel de máxima seguridad por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada, aplicación de tormentos agravados y homicidio calificado agravado mas costas legales e inhabilitación absoluta y embargo preventivo de sus haberes jubilatorios o pensiones recibidas. Por último, instó a los jueces que de existir un fallo condenatorio, los tres militares sean trasladados de inmediato a la cárcel de Marcos Paz.


Por Federico Desántolo.

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